La Policía Federal brasileña ha empezado en la madrugada del jueves la novena etapa de la Operación Lavacoches, que investiga desvíos de dinero en la petrolera estatal Petrobras y que este miércoles provocó el cambio en la cúpula de la mayor empresa pública del país con la salida de la presidenta de la empresa, Maria das Graças Foster, y de otros cinco directivos.
La acción policial se basa en 62 órdenes judiciales, de los cuales una es de prisión preventiva, tres de prisión temporal y 40 de busca y captura. Otras 18 personas han sido llamadas a declarar, entre ellas João Vaccari Neto, el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidenta Dilma Rousseff. La operación se está llevando a cabo en cuatro Estados del país suramericano: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia y Santa Catarina.
Joao Vaccari. Foto: Globo.
Vaccari Neto ya llevaba cierto tiempo bajo vigilancia de la Policía Federal. El pasado noviembre, la comisión parlamentaria que indaga el caso Petrobras decidió poner bajo vigilancia las comunicaciones y cuentas bancarias del tesorero del PT después de que Paulo Roberto Costa, el exdirector de Abastecimiento de la petrolera (ya detenido) le señalase como el enlace del partido en la trama de corrupción en la empresa pública.
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En la fase anterior de la operación, el 14 de enero, fue detenido el exdirector del área internacional de Petrobras, Nestor Cerveró. Preso por la policía al llegar a Río procedente de Londres, fue trasladado a la cárcel de Curitiba (Paraná, al sur del país), donde están los demás acusados de relación con el escándalo, entre ellos los ejecutivos de grandes empresas beneficiarias de contratos con la empresa estatal. Según la Policía Federal, podrán ser imputados por delitos de fraude, corrupción activa, lavado de dinero y asociación de malhechores.
El escándalo de la Operación Lavacoches ha golpeado de lleno al Gobierno de Rousseff. Tras sufrir su primera gran derrota en la Cámara de Diputados por la elección del conservador Eduardo Cunha como presidente de la Cámara baja, la presidenta se vio obligada a ceder y a aceptar la dimisión de Foster —a la que había defendido a capa y espada durante meses— y del resto de la cúpula de la empresa. La gota que colmó el vaso fue un informe, publicado la semana pasada, que estimó en 88.000 millones de reales (28.000 millones de euros) la pérdida de valor contable de 31 activos de la empresa causada por el escándalo. El viernes, el Consejo de Administración de la megaestatal (con 85.000 empleados) debe elegir una nueva dirección.
La operación Lavacoches empezó en julio de 2013, cuando la policía federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba en la capital, Brasilia, y en São Paulo. Tras meses de investigación, en marzo de 2014 uno de los implicados, el traficante de divisas Alberto Youssef, acordó con la Justicia revelar el mecanismo por el cual grandes empresas de ingeniería y construcción obtenían contratos de Petrobras a cambio de dinero. La operación ilegal ha permitido, según la policía, desviar más de 3.000 millones de euros, lo que es el mayor escándalo de la historia de la democracia brasileña. Las declaraciones de Youssef y de Costa hicieron que el caso tomase una explosiva dimensión nacional. (Tomado de El País)
Erbol, La Paz