La nueva Ley de Pensiones dictada por el régimen populista de Evo Morales impone la estatización de los ahorros de retiro de los bolivianos, hasta ahora administrados en AFPs privadas de libre elección y que pasarán a manos de una Gestora Pública monopólica.La medida es cuestionable tanto porque implica restringir el derecho de los ciudadanos a decidir dónde colocar sus ahorros para la jubilación, como por el riesgo de un manejo poco transparente o irregular en manos de la burocracia evista.Los antecedentes administrativos de estos últimos nueve años son nefastos, y si pensamos que los fondos de pensiones deberán ser invertidos para generar rentabilidad, habrá que persignarse para que los iluminados planificadores masistas no arrojen el dinero de los aportantes al agujero negro de las ineficientes empresas estatales.Teniendo en cuenta la debacle económica en ciernes, que pondrá al régimen ante la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento, podría haber la tentación de echarle mano a los ahorros de la gente para paliar cuentas deficitarias…[email protected]