La Paz.- Expertos en derecho internacional coinciden en que los gobiernos chilenos nunca tuvieron verdadera voluntad de zanjar el conflicto marítimo con Bolivia y que la estrategia se enmarcó en evasivas durante 136 años.
El excanciller de Bolivia, Javier Murillo de la Rocha
El excanciller de la República, Javier Murillo de la Rocha, dice que la historia pone en evidencia que Chile buscó neutralizar a Bolivia para que el problema se dilate. “Fue una política consecuente, distractiva y engañosa”.
El investigador Víctor Hugo Chávez considera que Chile nunca pretendió una solución, explica que: “Lo que hace Chile es una estrategia interesante. Tienta a los gobiernos bolivianos, prometiéndoles que van a ser el gobierno que logre una salida al mar para Bolivia negociando con Chile. Eso mueve a la codicia política del gobierno de turno y se traduce en una negociación que se dilata en el periodo del gobierno, cuando llega al final Chile dice: ‘No es posible la negociación’. Se rompe el diálogo”.
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La posición de los expertos es confirmada por el canciller actual de Chile, Heraldo Muñoz, quien en su libro titulado Las Relaciones Internacionales del Gobierno Militar Chileno admite que su país evitó los escenarios multilaterales y que existen hechos en la historia que otorgan derechos a Bolivia.
Murillo y Chávez coinciden en que la voluntad de Chile es fundamental la solución al diferendo centenario. En 1970 el presidente chileno Salvador Allende declaró: “No le pedimos nada al sufrido pueblo trabajador boliviano, queremos solamente reparar el despojo cruel del que ha sido víctima. Un pueblo que esclaviza otro pueblo no es libre”. (Fuente: Oxígeno).
Hechos históricos demuestran que Chile tuvo una actitud evasiva al diferendo marítimo
23 de marzo (Oxígeno).- La estrategia de Chile ante el reclamo boliviano de una salida al Pacífico, se resume en la negativa y la dilación. Así lo demuestran los compromisos chilenos que daban a entender que Bolivia estaba cerca de lograr una salida al mar.
En mayo de 1895, Bolivia y Chile firmaron un Tratado de Transferencia de Territorio, en el que Chile “se obliga” a transferir los territorios de Tacna y Arica a Bolivia.
Después de años de espera, Bolivia buscó una solución multilateral. En 1919, presentó un memorándum a la Liga de las Naciones Unidas, antecesora de la ONU, para presentar una demanda.
En enero de 1920, el canciller chileno Emilio Bello suscribió un acta con su homólogo boliviano, Carlos Gutiérrez. El documento dice que Chile está dispuesto “a procurar que Bolivia adquiera una salida propia al mar”, cediéndole una parte del norte de Arica y de la línea del ferrocarril Arica–La Paz.
En 1922, el presidente Arturo Alessandri pidió a los bolivianos que se enmarquen en la “confraternidad” porque su país tenía la predisposición de buscar fórmulas que satisfagan la aspiración boliviana.
Bolivia cedió y delegó a Ricardo Jaimes Freyre como Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Santiago, pero la misión retornó sin resultados.
Miguel Cruchaga, embajador de Chile en Washington, entregó en 1926 al secretario de Estado de EEUU y mediador, Frank Kellogg, una propuesta que ratificaba la posesión de Arica, entregar Tacna a Perú y abrir un corredor de 4 km para Bolivia.
Esto se truncó por el Tratado de 1929, con el que Perú recuperó Tacna y Chile ratificó la posesión de Arica. Se añadió un protocolo en el que se comprometen a no ceder a una tercera potencia (Bolivia) la totalidad o parte de los territorios en cuestión sin consenso entre las partes.
Bolivia denunció ante la comunidad internacional el incumplimiento de la oferta chilena.
En 1944, el presidente de Chile, Juan Antonio Ríos, planteó “la disposición en que se encuentra su Gobierno para considerar cualquier gestión directa tendente a la solución del problema portuario”.
Esta posición fue reiterada en 1946 y 1947 en la presidencia de Gabriel González Videla con la condición de que no se revise el Tratado de 1904.
En 1950 Bolivia y Chile acuerdan iniciar negociaciones. Sin embargo, Chile condicionó una salida soberana al Pacífico al uso de las aguas del lago Titicaca a lo que Bolivia se opuso.
En 1961, Chile envió a Bolivia un Memorándum en el que ratificaba la validez de lo acordado en 1950. Un año después el Gobierno chileno desvío unilateralmente el curso del río Lauca y desató la crisis diplomática que rompió relaciones bilaterales.
Luego de 13 años, Chile convocó a Bolivia. Ambos países tenían gobiernos militares, Hugo Banzer y Augusto Pinochet suscribieron un acuerdo en Charaña. Chile ofreció a Bolivia una costa con soberanía desde el norte de Arica hasta la Línea de la Concordia, mediante el canje territorial, debían consultar con Perú.
En 1976, Perú dio su visto bueno, con la condición de que la franja territorial sea de soberanía compartida entre los tres países. Provocó la negativa de Chile, el canje territorial complicó al gobierno de Banzer, el caso se estancó y las relaciones se rompieron.
En ese contexto, La Paz fue sede de la IX Asamblea General de la OEA, donde se aprobó la resolución 426 que establece que se “inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico” sin compensaciones territoriales.
En la negociación denominada “Enfoque Fresco” (1986-1987), el canciller boliviano Guillermo Bedregal y el ministro chileno, Jaime del Valle, llegaron a preacuerdos.
Bolivia propuso que se le ceda una franja territorial al norte de Arica y un enclave que no perjudique su continuidad territorial. Chile rechazó la propuesta y puso fin a la negociación.
Luego de 13 años, el canciller boliviano Javier Murillo de la Rocha y su par chileno, Juan Valdés, acordaron una agenda bilateral con temas “sin exclusión alguna”.
En 2006, los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet firmaron la Agenda de 13 Puntos. Acuerdo congelado desde 2010 hasta la fecha, tras la asunción de Sebastián Piñera, quien afirma que no existen deudas pendientes.
El 2012, David Choquehuanca propuso la renegociación del Tratado de 1904 en la 42 Asamblea de la OEA en Cochabamba. La respuesta del canciller chileno Alfredo Moreno fue negativa. Un año después, Bolivia presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia.