Marcelo Ostria Trigo
Generalmente se acepta que el desarrollo humano se alcanza cuando hay un elevado índice de bienestar económico sostenible, acceso a servicios públicos, adecuada protección de la salud de la población y eficiencia de la educación. Las Naciones Unidas, fija como parámetros del índice de desarrollo humano: “1. Salud, medida según la esperanza de vida al nacer; 2. Educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria; y 3. Riqueza, medida por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales”.Por supuesto que lo anterior es indiscutible; es más: es fruto de estudios de expertos en la materia. Pero, surgen algunas reflexiones, pese a la elevada categoría de los especialistas. Ciertamente la salud, la educación y la economía son elementos elementales para que una sociedad goce de un elevado índice de desarrollo ciudadano. Pero, desarrollo humano, sin seguridad, es un contrasentido. No basta tener a disposición esos parámetros, si la propiedad, la integridad y la vida de las personas, están expuestas a una creciente actividad criminal, por indolencia o ineptitud de quienes no comprenden bien su responsabilidad de garantizar la armonía y la paz en la sociedad. Nadie puede permanecer indiferente si se sabe por declaración del Defensor del Pueblo que, en lo que va del año, “hasta la fecha, se registraron diez casos de asesinatos de niños, niñas y adolescentes en el país y advirtió la presunta complicidad de las autoridades que no declararan alerta frente a la violencia” (El Diario, 22.03.2015).Habrá que tener presente que la inseguridad ciudadana “es un problema complejo, que tiene múltiples causas y merece respuestas reflexivas y deliberadas entre los distintos actores involucrados”. En suma, se trata de disminuir la amenaza que representa para todos, el crimen organizado, el narcotráfico y las bandas criminales que aumentan en número y en ferocidad. Es que no habrá desarrollo humano, si cada dos días muere asesinada una mujer, si en las calles los traficantes envenenan los cuerpos y almas de nuestra juventud, si son corrientes los asaltos y los robos a mano armada.Lo que queda por hacer –ahora la mayoría sólo propone medidas centradas en la represión del delito– es elaborar un plan integral que fije las acciones y responsabilidades institucionales para erigir una sociedad protegida y desarrollada.En dicho plan, se debe definir que el municipio, como directo representante de los habitantes de un centro urbano, tiene que asumir acciones, y coordinarlas con las otras instituciones encargadas de velar por la vigencia de las libertades democráticas y derechos civiles: gobernación, distrito policial y representantes del ministerio público.Lo anterior, debió ser asumido por los candidatos a alcaldes y concejales. Contar con expertos en sus filas es indispensable para la coherencia en una acción que tienda a lograr que, junto a la elevación del índice de desarrollo ciudadano, se alcancen mejores niveles de seguridad para la población. A pocos días de las elecciones subnacionales, habrá que destacar a los que se han ocupado de este asunto con visión y realismo. Afortunadamente, resalta positivamente una candidatura que ha puesto el dedo en la llaga.