El gobierno del presidente Evo Morales aprobó el decreto 2311 que establece los procedimientos para la adecuación de los contratos de arrendamiento y riesgo compartido a Contratos de Asociación Minera Estatal. Serán revertidas aquellas áreas de trabajo que no cumplan con la adecuación.
La Razón Digital / La Paz
Explotación de sal por parte de privados en el salar de Uyuni del departamento de Potosí. Foto: La Razón-archivo
Los operadores con contratos de arrendamiento y riesgo compartido para la explotación en 28 áreas de salares o lagunas saladas tendrán 180 días para adecuar sus actividades a Contratos de Asociación Minera Estatal, previa verificación de la legalidad del derecho otorgado, según norma reglamentaria de la ley de Minería y Metalurgia hace una semana.
El decreto 2311, aprobado por el gabinete el 25 de marzo, establece el proceso para la adecuación de los contratos suscritos por el Excomplejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni o la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y además fija el perímetro de los salares y lagunas saladas declaradas como áreas de reservas para el Estado.
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La COMIBOL, como principal empresa del sector minero, será la responsable de suscribir los nuevos Contratos de Asociación Minera Estatal en las áreas reservadas para el Estado.
La ley de Minería y Metalurgia declara como áreas reservadas para el Estado, los salares y lagunas saladas en Uyuni, Coipasa, Chiguana, Empexa, Challviri, Pastos Grandes, Laguani, Capina, Laguna, Cañapa, Kachi, Colorada, Collpa, Lurique, Loromayu, Coruto, Busch o Kalina, Mama Khumu, Castor, Coranto, Celeste, Hedionda, Kara, Chulluncani, Hedionda Sud, Salares en Saucarí, Sajama y Sajama Sabaya.
“Para la suscripción de los Contratos de Asociación Minera Estatal por adecuación, la COMIBOL verificará la legalidad del derecho otorgado”, refiere el parágrafo III del artículo 3 del decreto de marzo, que además otorga un plazo de 180 días para que los operadores adecúen sus contratos sobre las base de los nuevas disposiciones legales.
En caso de incumplir con la adecuación, el derecho minero será revertido a la administración del Estado. El plazo de los 180 días correrá a partir de la vigencia del procedimiento de suscripción de los nuevos contratos, que deberán ser elaborados en 90 días a partir de la publicación del decreto 2311.
La norma de marzo también fija el perímetro de los Salares y Lagunas Saladas declaradas como áreas reservadas para el Estado.