Maggy Talavera
Terrible, pero cierto: las víctimas de violencia sexual en Bolivia están condenadas no solo a padecer ese ultraje, sino también a una cadena de otras violaciones no siempre fáciles de probar. Basta acompañar un caso, cualquiera sea, para comprobar cuán recurrente es ver a una víctima de violación ser sometida a la dolorosa e inhumana cadena de ultrajes que tiene su primer eslabón en la policía técnica judicial, seguido por otros en la Fiscalía y en la justicia, además de los eslabones que se añaden desde la sociedad civil.Es lo que se constata a diario en casos como el denunciado por Renee Gurley, maestra de inglés en Santa Cruz, víctima de violación, robo e intento de homicidio. Desde que decidió denunciar el hecho ocurrido en Samaipata el 23 de noviembre de 2013, hasta la fecha, no ha dejado de padecer vejaciones: tuvo que esperar 12 horas para que los policías del lugar admitieran su denuncia; fue obligada a trasladarse a Santa Cruz de la Sierra para obtener un informe forense, no sin antes ser humillada en un centro médico, lo que le obligó a pedir ayuda a la Casa de la Mujer.También tuvo que esperar seis meses por la acusación formal de la Fiscalía. Lo que vino después fue peor: las artimañas dilatorias usadas por la defensa y consentida por los jueces que se fueron excusando, lo que obligó a pasar el caso de Samaipata a Comarapa, de esta a Saipina y de allí, finalmente, a Vallegrande. Lleva 11 meses peregrinando de un lado a otro, obligada a aceptar una y otra vez la suspensión de audiencias, bajo la mirada artera e irónica de sus agresores.Por si eso no bastara, soporta la discriminación y el racismo de autoridades, dirigentes y algunos vecinos de Samaipata, por su condición de mujer y de extranjera. No es invento, están las declaraciones públicas como pruebas. Ella sabe que no es la única, que muchas otras mujeres sufren la misma cadena de violaciones, sean o no extranjeras, jóvenes o adultas. Pero callan los ultrajes, por temor, falta de recursos, presión familiar o laboral.Renee no quiere callar. Solo pide justicia, para ella y para todas las víctimas de violencia. Quiere romper la cadena de violaciones y de impunidad. Por eso, a pesar de reavivar el dolor padecido una madrugada de 2013 y del cansancio que le causan 18 meses de peregrinaje en busca de justicia, sigue en pie y dando batalla en los estrados judiciales. Ella espera que la última batalla por librar sea este martes 9 de junio y que concluya con la sentencia condenatoria para sus tres victimarios.El Deber – Santa Cruz