[vid url= http://cd1.eju.tv/video/1406/PB1506080758.mp4]El Consejo de la Magistratura informó hoy que un proceso disciplinario fue iniciado contra los vocales del Tribunal de Justicia de La Paz Ramiro López y Ricardo Chumacero por su presunta implicación en la fuga delEMPRESARIO
peruano Martín Belaunde.»El proceso ante un juez disciplinario ya se inicio con la presentación de una denuncia de parte de la Unidad de Transparencia», dijo la representante de la Sala de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani.De acuerdo con esa autoridad, el juez disciplinario que conoce ahora la causa tiene cinco días para realizar una investigación que califique si ambos cometieron algún tipo de falta.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), César Siles, anunció hoy que solicitará a las autoridades judiciales la máxima sanción para los vocales.
«Lo que pedirá la Conare es que se aplique la máxima sanción y que se investigue los hechos hasta llegar a todos los autores tanto materiales e intelectuales», dijo en entrevista con la Red Patria Nueva.
Siles indicó que la sanción, según el Código de Procedimiento Penal, para el delito de cohecho pasivo, es la privación de libertad de entre cinco y diez años.
En ese sentido, Mamani dijo que los dos implicados en el proceso disciplinario enfrentarán una posible destitución si la investigación del juez disciplinario determina que cometieron una falta gravísima.
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Los dos vocales fueron sindicados en el caso por recibir un millón de dólares y dos vehículos de lujo para favorecer con una acción de amparo constitucional a Belaunde en su tramitación para conseguir refugio en el país.
La determinación judicial fue uno de los factores que permitió que elEMPRESARIO se dé a la fuga el 24 de mayo de una casa en que cumplía una detención domiciliaria, lo que derivó en una búsqueda policial que culminó cuatro días después con su captura en la localidad de Magdalena, Beni.
Belaunde, un exasesor del presidente Ollanta Humala, fue entregado a las autoridades de Perú el 29 de mayo, en respuesta a un pedido de extradición, para que responda ante la justica de su país por un caso en que fue imputado por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Fuente: Unitel, La Estrella del Oriente