LA ASAMBLEA PLURINACIONAL ANALIZARÁ EL PROYECTO DE LEY, DESPUÉS DE QUE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PRESENTE EL PROYECTO A LAS CÁMARAS PARA SU ANÁLISIS Y DEBATE.
La Cámara de Diputados acelera el tratamiento de una nueva ley, que busca fiscalizar los recursos que manejan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades que reciben donaciones; además de controlar el cumplimiento de los objetivos con los que han sido creadas estas entidades.
El proyecto de ley denominado “Control para transparentar los fines y objetivos del manejo económico de las ONG y otras entidades que contengan recursos externos o donados” está radicado para su análisis en la Comisión de Economía y Finanzas de Diputados que prevé presentar en los próximos días un informe para su tratamiento en plenario.
“La finalidad de esta ley es establecer procedimientos para el funcionamiento de fundaciones y ONG para controlar el cumplimiento de los objetivos y fines, además para transparentar su manejo económico en el marco del principio de soberanía”, explicó a OPINIÓN el vicepresidente de la Cámara de Diputados y proyectista de la futura norma, Víctor Borda Belzu.
Además dijo que la futura ley prohíbe las donaciones en dinero y en especie que impliquen condicionamientos políticos e ideológicos que afecten al principio de soberanía, siendo esta una causal para el cierre de las ONG y de toda entidad que reciba recursos externos o donaciones provenientes de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación internacional y otros.
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En Bolivia funcionan 1.287 ONG, de las cuales solo 237 están legalmente facultadas para ejercer sus atribuciones y funciones, pues cumplieron los requisitos de la Ley 351 de otorgación de Personalidades Jurídicas de 2013.
La jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, lamentó que se pretenda acelerar esta normativa cuando ni siquiera se la distribuyó en la Asamblea Legislativa para darle el estudio correspondiente. “Están corriendo porque sabemos que ya están preparando el informe en una comisión legislativa”, denunció.
“Sabemos que el objetivo del oficialismo es controlar las organizaciones no gubernamentales y alinearlas al servicio del Gobierno, las que no quieren seguramente serán expulsadas”, adelantó.
A su vez, el senador opositor Víctor Hugo Zamora observó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está “desesperado” por recaudar recursos y sumar respaldo incluso de ONG para la reelección de Evo Morales.
“Esta ley es una presión para que las ONG no trabajen en contra del proyecto de reelección presidencial; en otros casos seguramente buscan sumar apoyos a cambio darles el aval para que puedan funcionar en el país”, aseveró.
Las ONG que trabajan en Bolivia están en la mira del Gobierno desde 2011, cuando se realizó la movilización en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Seis meses después, en diciembre de 2013, el presidente Evo Morales expulsó a la ONG danesa IBIS, que trabajó en Bolivia durante 30 años, por presunta injerencia política.
El Gobierno acusó en agosto pasado a varias ONG de “tergiversar información para hacer política y defender intereses de las empresas transnacionales”.
Dualidad
Desacierto
La directora ejecutiva de UNITAS, Susana Eróstegui, calificó como “desacierto” que se promueva otra ley de regulación y sanción contra las ONG, cuando ya existe una vigente desde 2013. Dijo que la norma sobre las ONG que busca sancionar incluso con la “pérdida de personería jurídica” si se apartan un milímetro de sus estatutos.
Activismo político permitido pero sin injerencia externa
La nueva normativa para controlar las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y otras organizaciones que reciben donaciones externas no están prohibidas de ejercer actividades políticas en favor de la democracia, pero “no deben inmiscuirse en asuntos internos ni afectar la soberanía del país”.
El proyectista de la norma, Víctor Borda, precisó que el requisito fundamental está contemplado en la Constitución Política del Estado señala que no se debe afectar la soberanía del país ni realizar intromisiones en asuntos internos, pues el origen de los recursos es externo.
“Si una ONG o fundación establece en sus fines y objetivos para hacer política en Bolivia, debe ser clara, abierta, de forma transparente y no estar disfrazada con otras actividades para influir en sectores de la población para conspirar contra el cualquier gobierno del país”, aseveró.
Según Borda, algunas ONG “a título de medio ambiente o de ayuda a la comunidad comienzan a hacer política”, cuando su objetivo específico es preservar el medio ambiente o apoyar a la población en acciones sociales.
Los límites para esta actividad están establecidos en la Constitución Política del Estado que protege el principio de soberanía del Estado. “No puede haber un organismo internacional u ONG que se inmiscuya en la política interna”, aseveró Borda.
El Gobierno identificó a varias organizaciones que no cumplen con sus fines, además dijo que hay cuatro ONG que fueron observadas por “ intromisión en el país, con afanes desestabilizadores”.
Borda denunció que hay ONG que hacen política encubierta. “Mejor que vayan a su país a hacer política, lo peor es que apelan a mentiras para desinformar y provocar incertidumbre. Está claro que defienden intereses extranjeros”, aseveró.
La norma contempla tres tipos de donación: La Oficial otorgada por organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación internacional, gobiernos o países a las ONG, a través de un acuerdo convenio suscrito con el Estado Boliviano.
También hay la donación directa al Estado o alguna de sus entidades y la donación no oficial o unilateral, que es transferido directamente a entidades u organizaciones privadas.
La oposición cree que el Gobierno busca el monopolio
El objetivo del doble control y fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro es alinearlas a la política del Gobierno y someterlas, según legisladores de oposición y analistas.
La jefa de bancada de diputados del Partido Demócrata Cristiano, Norma Piérola, denunció que la oposición no conoce el nuevo proyecto de ley sobre las ONG, pues considera que la Ley 351, aprobada en 2013, es la vigente pues da el marco para la existencia de estas entidades.
“El objeto de la Ley 351 y la nueva que la pretenden aprobar es para deshacerse de algunas ONG y fundaciones que se ocupan de preservar el medio ambiente, que analizan la economía, la democracia y las cuales no dicen lo que quiere escuchar el Gobierno, eso les molesta”, aseveró.
Según la opositora, con esta serie de leyes el Gobierno pretende tomar el pleno control de estas organizaciones y dar permiso a entidades que promuevan la política gubernamental.
A su vez, el senador opositor de UD, Víctor Hugo Zamora, manifestó que la dinámica del Gobierno es alinear a su política todo lo que sea obstáculo que muestre disenso sobre su gestión.
“El Gobierno y el MAS han visto que algunas ONG hacen verdaderos análisis para demostrar que esta gestión está por mal camino, pero no les gusta y deben buscar argumentos legales para desaparecerlas o, en su defecto, alinearlas a su política”, aseveró
El presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Ludwing Valverde, dijo que el Gobierno busca monopolizar las ONG y fundaciones para eliminar las “disidencias”, pero con un accionar “autoritario” al querer limitar los derechos civiles, derechos de asociación garantizados por la Constitución.
Valverde acotó que el Gobierno quiere posesionar el monopolio de la representación social, de la verdad, imponer un pensamiento único y alinear a las ONG y fundaciones a lo que la propia Constitución prohíbe. “Quieren generar un pensamiento único que controle cualquier tipo de pluralidad o disidencia contra el Gobierno”, aseveró.
Según el politólogo, este accionar del oficialismo no le hace bien a la democracia donde el disenso es necesario y no la imposición, como se está actuando con las instituciones no gubernamentales.
Acotó que es “reprochable” todo monopolio que quiera imponerse en el caso de las ONG sin respetar la Constitución.
Donaciones deben ser registradas cada seis meses
Se establece la obligatoriedad de registrar, de forma semestral, las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales (ONG) y toda entidad que sea receptora de recursos económicos externos de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación internacional, gobiernos y otros, señala el proyecto de ley.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, manifestó que los informes sobre donaciones se realizarán en el Registro Único Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, a cargo de la Subsecretaria de Política Social y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
Además, la futura ley prohíbe las donaciones en dinero y en especie que impliquen condicionamientos políticos o ideológicos que afecten al principio de soberanía, siendo esta una causal para el cierre de las ONG y toda entidad que reciba recursos externos o donaciones provenientes de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación internacional y otros.
REGISTRO Borda explicó que todas las entidades deberán registrar los bienes donados o adquiridos como producto de las donaciones que reciban en sus inventarios y reflejarlos en sus estados financieros, cumpliendo las normas y procedimientos de administración vigentes. En caso de incumplimiento estarán sujetas a las sanciones impuestas en la presente ley.
Asimismo se establece que las donaciones, o su equivalente en moneda, deberán inscribirse en los presupuestos institucionales, acorde al decreto y reglamentos presupuestarios vigentes.
La vigencia de las ONG y otras entidades estará sujeta a la verificación de cumplimiento de objetivos y fines materializado en sus estatutos y programas.
Fuente: opinion.com.bo