La Paz, 17 de octubre (ANF).- Un día de abril de 2014, Faustina –mujer de pollera, 35 años y madre de cuatro hijos– vendía fruta en Caranavi cuando pensó que era uno de los mejores días de su vida. “Me encontré un sobre con 200 pesos y lo alcé”. Pero lo que parecía un regalo caído del cielo se convirtió en su desgracia. La detuvieron y llevaron al penal de mujeres de Obrajes de La Paz donde pasó, junto a su hija de tres años, diez angustiosos meses en detención preventiva acusada de robo. Su familia nunca la visitó y un supuesto abogado le estafó casi 6 mil bolivianos con la promesa de conseguir su libertad. Al final tuvo que reconocer que robó el dinero para que la condenaran y aplicaran el indulto. El objetivo era salir libre, a pesar de que con ello se vulneraba su derecho humano a la no autoincriminación. Aunque eso ella no lo sabía.

Era la única vía posible para que sus hijos –de 17, 14 y 12 años– no vivieran solos, tuvieran que dejar la escuela y salir a la calle a ganarse la vida. La otra opción era esperar indefinidamente un juicio justo y continuar tejiendo frazadas en el patio del penal para engañar al  tiempo.

Entre 2012 y 2015 el gobierno aprobó cuatro decretos de indulto con enfoque de género para descongestionar los recintos penitenciarios del país, cuyo hacinamiento supera el 300 por ciento de la capacidad, según datos de Cáritas Boliviana. En ese tiempo 1.034 mujeres han salido en libertad, casi la mitad de la población reclusa femenina que ahora es de 1.104. En el caso de los hombres porcentualmente se han beneficiado muchos menos: 2.800 han recibido el perdón de sus condenas de un total de 12.493 que siguen viviendo en los 19 centros penitenciarios y 42 carceletas del país.

Esas mujeres que tuvieron que declararse culpables enfrentan ahora el desempleo porque sus certificados de antecedentes están manchados, el estigma porque las señalan como delincuentes, la informalidad porque deben hacer cualquier cosa para pasar el día y mantener a sus familias. Viven en libertad, pero, de una u otra manera, continúan presas de su pasado.

“La problemática de las mujeres privadas de libertad se encuentra en un escenario  invisibilizado”, apunta la abogada de género Marisol Quiroga.  “Se las incorpora a un sistema penal androcéntrico  donde no se toma en cuenta que pertenecen a  un colectivo  específico, con problemas, necesidades  e intereses  particulares”.

Algunos requisitos para acceder al indulto son tener una sentencia inferior a ocho años y no ser reincidente; también rige para madres con uno o más hijos menores de 12 años a su cargo dentro del penal; para hombres mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 que hayan cumplido al menos un tercio de su condena; y para adolescentes menores de 25 años, personas con discapacidad y estado de salud terminal.

Con el beneficio penitenciario el número de preventivos se ha reducido del 80% que había a inicios de año al 71%, según datos de septiembre de la Dirección General de Régimen Penitenciario.

“Es una decisión personal que se acojan a un juicio abreviado para que tengan sentencia y accedan al indulto […] en ningún momento se les obliga, pero por inercia lo hacen”, afirma Jorge López, director nacional de Régimen Penitenciario.

La abogada Quiroga cree que la “gravísima crisis” del sistema penal y judicial desencadena que las mujeres con detención preventiva prefieran acceder a un mecanismo de autoincriminación en lugar de esperar juicio. “La máxima es lograr la libertad, cueste lo que cueste”.

Ana Lidia llega a la plaza de San Pedro de La Paz con dos de sus hijos, un adolescente de 17 años y un bebé que duerme en sus brazos. Además carga varias bolsas con pasankallas y medias que vende por las calles de La Paz y El Alto. Lleva apenas un mes fuera del penal de Obrajes, donde pasó un año y medio hasta que se autoinculpó y pudo salir con el indulto. Sobre sus hombros pesará siempre una condena de ocho años por homicidio a su marido, un delito que asegura no cometió de manera premeditada, sino para defenderse de sus constantes agresiones y abusos sexuales a su hija.

Familiares y amigos le recomendaron que huyera y no prestara declaración, pero ella se apersonó ante la Fiscalía, donde la esperaban con la orden de aprehensión. Dentro de Obrajes, las mujeres le decían “¡andá, cúlpate, si no no vas a salir nunca!”.

Ahora acaricia la libertad, pero una libertad engañosa que le cierra puertas y reduce sus posibilidades laborales a la venta ilegal en la calle. “Me dijeron que había una señora ofreciendo trabajo en una empresa de limpieza, pero tenía que llevar mi hoja de vida y mi certificado de antecedentes (penales)”. Nunca más volvió a interesarse por el puesto.

“La reparación social y la reinserción se quedan en el papel, porque la persona que se culpa sale libre pero es una libertad tras una rejas invisibles […] la presión social no entiende la situación y no ofrece las garantías para rehacer su vida”, denuncia Verónica Sánchez, secretaria general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

Mientras Ana Lidia estaba presa, su hija adolescente comenzó a tener problemas con el alcohol y su hijo se escapó de casa. A su madre, que cuidaba de la familia en su ausencia, le diagnosticaron cáncer terminal. Ana Lidia no pudo despedirse de ella, murió dos días antes de que le concedieran la libertad.

Los efectos del indulto son múltiples para hombres y mujeres. Sin embargo –matiza la doctora Quiroga– “llevar la carga de una sentencia condenatoria agudiza la situación de discriminación de la mujer por el sistema patriarcal, pues ha roto los estereotipos de ser bondadosa, virtuosa, buena y abnegada. […] Una condena coloca a la mujer en una situación de estigma y exclusión social y le impide acceder a fuentes de trabajo”, sentencia.

La abogada de género reconoce que antes del primer indulto en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes malvivían 500 internas y a la fecha lo hacen alrededor de 190 mujeres con sus hijos. Pero lamenta que el Estado no haya tenido en cuenta otras medidas alternativas, como la cesación de la detención preventiva o la suspensión condicional de la pena.

Faustina recuerda el día que salió en libertad. Era un lunes. Su sobrino la fue a buscar porque no le alcanzaba ni para movilidad y la llevó a su casa, donde la esperaban sus cuatro hijos. “Los abracé fuerte”, dice. Ese día cocinaron juntos y salieron a pasear. Terminaron la jornada viendo el valle de Achocalla desde el mirador que queda cerca a su casa, un lugar al que ahora va cada vez que puede. “Ahí corre aire, me siento libre, allí abajo calor siempre hacía”.

Faustina ya no viaja, ni siquiera a Caranavi a vender fruta como solía hacer, porque tiene miedo de todo. Solo pasea con su bebé a la espalda y vende refrescos “para subsistir al día”. Sueña con volver a Sorata, su tierra natal, pero allí todos la señalarían con el dedo como la ladrona. Allí siempre sería la exconvicta, la delincuente. En El Alto, bajo el anonimato que confiere la gran urbe, camina sin remordimientos y con la cabeza erguida entre la multitud. Allí no es la mujer que pasó por Obrajes. Allí es una más.