Emilio J. Cárdenas*El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cerró su desgraciada gestión presidencial con un nuevo, absurdo e inmenso papelón internacional: el de acusar nada menos que a la «Comisión Interamericana de Derechos Humanos», en pleno, de «complotar» o «conspirar» contra su gobierno. Increíble. Pero así ha sido.Más concretamente, la acusó de tratar de “influenciar a la opinión pública argentina” en vísperas del proceso electoral destinado a elegir a su sucesor en el gobierno. Grotesco, por cierto, pese a que es evidente que lo grotesco ha predominado todo a lo largo de la dilatada “labor” del inefable Canciller argentino, el periodista Héctor Timerman, quien está terminando su realmente “inolvidable” gestión, en medio de una catarata de comentarios desde los medios independientes que lo califican como el peor canciller de la historia argentina. No es un record fácil de lograr y mantener. Sobre todo teniendo en cuenta algunos precedentes de funcionarios de la época de los gobiernos militares.Timerman, es evidente, será recordado como el responsable del acuerdo de nuestro país con Irán celebrado entre gallos y medias noches, mediante el cual se frustró la investigación judicial sobre el atentado terrorista perpetrado contra la AMIA, en el que se presume la participación del terrorismo iraní.Y como el funcionario que, violando todas las normas del derecho internacional aplicables al caso, luego de convocar a la televisión para que filmaran -de cerca- el episodio que iba a protagonizar, con él en primera plana, trepó -desafiante- a un avión militar norteamericano estacionado (con autorización previa, obviamente) en un aeropuerto argentino portando en sus manos unas enormes pinzas de color rojo con el que abrió, él mismo, las cajas selladas con candados del avión. Lo hizo en una pre-anunciada búsqueda de presuntas “pruebas” irrefutables de la “intervención” norteamericana “en los asuntos internos argentinos”. Sin encontrarlas, naturalmente. Todo esto con tal de llamar la atención sobre su presunto “coraje” cívico y de tratar de perjudicar a los Estados Unidos, país al que evidentemente odia, que jamás cayó en sus trampas.La “Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, recordemos, es un órgano principal -y autónomo- de la Organización de los Estados Americanos (OEA), específicamente encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en la región. Está compuesto por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal. Fue creada por la OEA en 1959. Se reunió por primera vez al año siguiente, en 1960. Su razón de ser nació, en rigor, con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en 1948.Su labor ha sido abundante y fecunda, siempre en busca del respeto pleno de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas esenciales en América en el marco de las instituciones centrales de la democracia. Además, La Comisión ha sido -y es- totalmente independiente de influencias políticas, provengan de donde provengan y, naturalmente, no había sido jamás acusada absurdamente de “complotar” o “conspirar” contra nadie. Porque jamás lo ha hecho, ni lo hará.Sus miembros no sólo son especialistas en la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales, sino que son personas de gran nivel, sobre las que no cabe sospecha alguna de intencionalidad política.Pero la incapacidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es realmente proverbial o, mejor dicho, inmensa. Su acusación a la “Comisión” sostiene que ella montó “una burda operación político-mediática” para violar “la veda electoral”. Como si la Comisión estuviera gobernada por la ley argentina, pequeño gran “detalle” que se escapó a los estrategas de la lamentable presidenta argentina. En esto, la responsabilidad es ciertamente compartida por el fracasado Timerman y por el propio ministro de justicia argentino, Julio Alak, que lo acompañó en el tremendo desatino.Ocurre que la Comisión -dentro de su amplio calendario, siempre preanunciado- convocó a una audiencia para analizar la situación de la independencia del Poder Judicial argentino, en su sede, en Washington. Y es evidente que esa situación es de abierta sumisión al Poder Ejecutivo en muchos casos y de falta de independencia e imparcialidad, en muchos otros. Por eso las constantes denuncias de enorme corrupción que se han acumulado, una tras otra, en la última década contra las autoridades argentinas no van nunca a ninguna parte y terminan, en cambio, en el archivo o en el olvido. Los jueces que en ellas actúan no las sustancian o lo hacen muy lentamente, de modo que la prescripción termine por extinguirlas. Así de horrendo y de claro.Pero lo cierto es que la “denuncia” del gobierno argentino contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos causó un gran estupor en todas partes. Y le dio a la audiencia de la Comisión una repercusión enorme, que seguramente no habría tenido entre el gran público. Para el gobierno argentino, “el tiro salió por la culata”.Lo cierto es que la embestida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra los magistrados judiciales es constante y prolija. A las amenazas e intimidaciones permanentes se suman las selecciones y designaciones de magistrados sin los antecedentes necesarios, basadas exclusivamente en que estén dispuestos a recibir instrucciones del Poder Ejecutivo y a actuar dócilmente como sus mandatarios o agentes, deformando la verdad si ello es necesario, pero accediendo siempre a los deseos del gobierno de turno. Nada sano.Como forma de manosear y deformar a la democracia, ésta (que no es la única) es una de las más peligrosas, porque deja a los ciudadanos argentinos en situación de indefensión absoluta. Lo que es gravísimo y debe ser denunciado -una y otra vez- ante los organismos regionales encargados de proteger a la democracia.Uno de los cuales es, precisamente, la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, que, a diferencia de otros, no es sólo un títere más de los “bolivarianos” como sí es, por ejemplo, la llamada UNASUR, así como su Secretario General, que no puede ingresar a los Estados Unidos porque, habiendo sido elegido luego de una campaña electoral financiada con dinero del narcotráfico no se le concede visa. Para el extraño “palo” de UNASUR, el actual Secretario General de esa organización sub-regional es entonces una “astilla” adecuada. Porque es “del mismo palo”, diríamos en el Río de la Plata. Una vergüenza más, es evidente.La acusación comentada del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner merece nuestro repudio. Es un desatino más que se acumula a una política exterior de espanto. Ocurre que la presidente argentina no tiene idea de cómo es y funciona el mundo pero, desequilibrada por su soberbia, cree tener todas las respuestas. Y ser infalible.La reciente primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas demuestra que la enorme mayoría de los argentinos tiene en claro cómo es su presidente. De allí el rechazo que acaba de cosechar.*Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones UnidasEl Diario Exterior – Madrid