El próximo paso, si no llueve, es rellenar en los próximos tres días la estructura que abarca 700 metros. Técnicos del Searpi fiscalizan los trabajos en Guineal
La maquinaria pesada contratada por los empresarios agropecuarios logró tapar la ‘boca’ del canal construido para desviar el cauce del Río Grande en Guineal, en el límite de las provincias Guarayos y Obispo Santistevan.
La información respecto a dichos trabajos fue revelada por el director de obra del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), Róger Limpias, quien indicó que ya se cerró el ingreso a la estructura construida por pobladores de El Puente. Dijo que en los próximos tres días, si no llueve, se rellenarán los 700 m de la obra construida sin permiso.
Los trabajos son ejecutados con maquinaria contratada por los agropecuarios. Las actividades que se ejecutan son supervisadas por técnicos del Searpi. Según Limpias, se realiza un rastreo del comportamiento del río aguas arriba y abajo porque la sedimentación del dique puede derivar en una inundación y afectar a comunidades y áreas agrícolas que tocan a los municipios de San Pedro y El Puente.
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Con relación a las gestiones emprendidas por la Gobernación cruceña en el ámbito legal, el secretario de Desarrollo Productivo, Luis Alberto Alpire, indicó que no aflojarán en el seguimiento de la denuncia penal formalizada en la Fiscalía y que esperan que la investigación en curso concluya con el encarcelamiento de los responsables de la acción ilegal.
Cabe recordar que la fiscal que investiga el caso, Mirtha Mejía, indicó que empezará a notificar a los supuestos autores del daño en la cuenca. En una inspección que realizó el martes dijo que verificó daños ambientales a los colchones de protección del río (cordón ecológico, deforestación de la masa boscosa y sedimentación del río).
Anuncian procesos
La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) abrirá procesos administrativos y penales contra los empresarios agropecuarios y campesinos por el desmonte ilegal de 50 hectáreas en Guineal.
La determinación deriva de un informe técnico de la Unidad de Fiscalización y Control. En el ámbito administrativo se sancionará económicamente a los productores y a los campesinos por devastar 17 y 33 hectáreas de vegetación, respectivamente.
En lo penal, la ABT planteará una denuncia en la Fiscalía para que se investigue y juzgue a los responsables por destrucción y deterioro de bienes del Estado.
Cita para buscar una salida
Según el líder de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Julio Roda, con la mediación del Ministerio de Gobierno, hoy se sentarán las partes afectadas para zanjar el conflicto
Fuente: eldeber.com.bo