La decisión del Tribunal de Apelaciones del Uruguay de no dar curso a la extradición de Alejandro Melgar, solicitada por el gobierno boliviano en el caso Rozsa, constituye un fuerte revés para el montaje judicial impulsado por el régimen evista.Sobre todo, porque el citado tribunal tomó su decisión tomando en cuenta las serias dudas de que Melgar pudiera contar con un debido proceso en la maquinaria persecutoria digitada por la administración de Evo Morales.Lo cierto es que la injerencia política en el sistema judicial boliviano ha sido advertida incluso por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ahora estamos ante una nueva muestra de que la comunidad internacional percibe estos manejos inquisitoriales.La degradación de la justicia a la calidad de simple órgano de persecución del Ejecutivo es uno de los síntomas más evidentes del neo-autoritarismo vivido bajo la variante local del socialismo del siglo XXI, una deformación antirrepublicana de la institucionalidad que conlleva una fuerte carga absolutista…[email protected]