Gabriela Zapata, exejecutiva de CAMC, es la única de los tres detenidos que dirá su versión a la comisión. ARCHIVO
La percepción mayoritaria ve que el desempeño es malo o pésimo. La encuesta también consultó acerca de la adjudicación de obras de gran envergadura en BoliviaMónica Salvatierra / Séptimo Día/ EL DEBERA principios de febrero se conoció la denuncia: una ex pareja de Evo Morales, madre de un hijo del presidente, era la gerente comercial de la empresa china CAMC, precisamente la que había firmado contratos por más de 500 millones de dólares con el Estado boliviano.El periodista Carlos Valverde daba a conocer la noticia y demandaba que se investigue si hubo tráfico de influencias. Dos meses y medio después hay tres investigaciones abiertas, en el Ministerio Público, en la Asamblea Legislativa y en la Contraloría General del Estado. Ninguna de esas indagaciones ha dado respuestas a la ciudadanía.La empresa Captura Consulting hizo una encuesta sobre este tema para EL DEBER. ¿Cómo considera el comportamiento de la justicia en el caso Zapata? La interrogante fue lanzada a 900 personas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. La respuesta deja una imagen negativa del desempeño judicial en este tema.El 51% considera que la justicia actúa mal o pésimo en el caso Zapata. La percepción es similar en las cuatro ciudades, aunque ligeramente superior en El Alto. Un 30% ve que hay un desempeño regular y solo el 15% opina que es bueno o excelente.Hasta el momento hay tres personas detenidas: Gabriela Zapata (que ya no es gerente de CAMC); Cristina Choque, que era directora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia (donde Zapata se reunía con empresarios) y el chofer de la entidad.El senador Óscar Ortiz, que es miembro de la comisión parlamentaria que indaga supuesto tráfico de influencias, cree que el resultado es lógico porque la Fiscalía no ha citado al presidente Evo Morales ni a otros involucrados. Para el investigador social Diego Ayo tampoco hay transparencia en la comisión parlamentaria, que programó una entrevista con Zapata “casi en la clandestinidad”.“La respuesta es sensata porque la gente percibe que hay algo que quieren ocultar”, sostiene Ayo.Desde la mirada de la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, y del diputado de la misma tienda política Víctor Borda, la percepción no se refiere únicamente al caso Zapata, sino que es un reflejo de la falta de confianza ciudadana en la justicia en general. “Para eso habrá una cumbre, para devolver credibilidad al sistema judicial”, afirmó la senadora.El analista político Carlos Toranzo coincidió con ella en la percepción negativa del sistema y además argumentó que la justicia en Bolivia es un brazo del Poder Ejecutivo, que actúa para cubrir en vez de investigar. Ayo demanda un golpe de timón que inyecte transparencia a las indagaciones.Las megaobras La encuesta de Captura Consulting también preguntó acerca de quién debe adjudicarse las megaobras del Estado. La respuesta mayoritaria plantea que las grandes construcciones estén a cargo de empresas nacionales (58%). En segundo lugar se ubicaron los que no tienen ninguna preferencia al respecto. Solo un 5% opinó que las empresas chinas deben estar a cargo de las grandes obras en el país.Todos los entrevistados coincidieron en que esa es una percepción que no está directamente vinculada a las acciones de este Gobierno, sino que ese sentimiento antiimperialista boliviano tiene larga data.No obstante, hay matices. Diego Ayo y Carlos Toranzo ven que los resultados reflejan la falta de fe de los bolivianos en las empresas chinas, en su transparencia y efectividad.La empresa CAMC tiene adjudicadas megaobras, y otras empresas chinas también firmaron contratos con el Estado, como el de la construcción de un aeropuerto en Viru Viru.La senadora Adriana Salvatierra y el diputado Víctor Borda creen que lo ideal sería que las empresas bolivianas se adjudiquen las megaobras, pero informaron de que no tienen capacidad económica ni tecnológica para hacerlo.Salvatierra dice que, para garantizar la calidad de las obras, Bolivia ha suscrito acuerdos bilaterales con el Gobierno de China; por lo que poner en duda a las empresas de ese país, es poner en duda al Estado gobernado por Xi Jinping.Tras dos meses y medio de investigaciones, hay dudas acerca de quién autorizó la firma de los contratos con CAMC en el Ejecutivo y cómo es que Zapata fue gerente de la firma sin tener un título profesional. Tanto el Gobierno como la Fiscalía se enfocaron en la supuesta responsabilidad de Zapata y Choque. El caso sigue su curso.