Ayer una comisión de dirigentes de las personas con discapacidad de los nueve departamentos llegó a la sede de Gobierno.
Líderes de la marcha llegan a La Paz y piden no politizar su lucha
La UMSA se ofrece para mediar entre el Gobierno y las personas con discapacidad que marchan a la sede de Gobierno por un bono mensual de Bs 500.
Fotos: Álvaro Valero / Página Siete. La comisión que llegó a la sede de Gobierno reúne a los representantes de los nueve departamentos.Página Siete / Leny Chuquimia / La PazCon el cansancio de 30 días de caminata , ayer una comisión de dirigentes de las personas con discapacidad de los nueve departamentos llegó a la sede de Gobierno. Anunciaron que la caravana llegará el próximo lunes y pidieron no politizar la marcha que realiza el sector en demanda de un bono mensual de 500 bolivianos.Desde la partida de la marcha de las personas con discapacidad desde la ciudad de Cochabamba, hace un mes, diferentes autoridades de Gobierno señalaron que los movilizados cuentan con financiamiento externo y apuntaron desde ONG hasta cineastas extranjeros.Ayer el ministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que las alcaldías opositoras de La Paz, El Alto y Cochabamba estarían financiando a la caravana a La Paz. Esas versiones fueron negadas por los burgomaestres aludidos.»Somos los representantes de la caravana, cada uno es dirigente de las federaciones departamentales legalmente establecidas. Todos juntos queremos hacer una convocatoria a la sociedad en pleno para que todos se transformen en interlocutores y mediadores válidos que soliciten al Gobierno, mediante su ente correspondiente, que nos pueda otorgar el pedido de los 500 bolivianos mensuales”, convocó el representante de Chuquisaca, Álex Vázquez.El vocero de las personas con discapacidad de Tarija, Moisés Choque, señaló que sus compañeros lamentan la actitud del ministro y otras autoridades que -dijo- tratan de desprestigiarlos.»Nos han dicho que estamos siendo manejados por las ONG y ahora nos dicen que somos financiados por las alcaldías. Esta reivindicación es legítima y no tiene tinte político. No tenemos nada que ver con los políticos”, enfatizó el presidente de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, David Cayo.Manifestó que en muchos casos tuvieron que rechazar la ayuda de quienes buscaban protagonismo porque «perjudicaba a la marcha”. Aseguró que los movilizados en la carretera tienen muchas carencias pero requieren sobre todo ayuda sincera y desinteresada.»Estamos buscando equidad, igualdad y justicia. En todos los países que nos rodean, las personas con discapacidad tenemos un trato preferencial que se cumple: un monto de dinero que es dado por el Gobierno y una sociedad que ha roto las barreras arquitectónicas y sociales. Nosotros no vivimos bien, queremos una vida digna y para eso es el bono mensual de 500 bolivianos que pedimos”, dijo Cayo.La comisión de dirigentes fortalecerá la petición de un diálogo directo con el presidente Evo Morales.»Esperamos que él, como máxima autoridad, dé una solución a este conflicto que los ministros por falta de propuestas no han logrado resolver”.Albergados en la vigilia de San Francisco, los representantes de las federaciones reafirmaron que su lucha continúa. Tras 60 días de protestas y un mes en carretera buscan «renta o muerte”.Ayer la marcha partió de Ayo Ayo hacia El Tolar. En el camino los movilizados coreaban: «¡Gobierno incapaz, nos vemos en La Paz!”.Revilla dice que no negará ayuda humanitariaEl alcalde Luis Revilla desmintió al ministro de Autonomías, Hugo Siles, quien acusó a la Alcaldía de La Paz de financiar la marcha e incumplir el porcentaje de contrataciones de personas con discapacidad. El burgomaestre dijo que la comuna presta ayuda humanitaria a la caravana y esta no será negada.»Tiene que presentar pruebas (Siles). Los ministros están acostumbrados a hacer acusaciones sin fundamento.Nosotros, como corresponde, hemos enviado a personal médico y voluntarios para que presten una atención humanitaria. Tenemos una concejala que es una persona con discapacidad y que es quien está ejerciendo para coordinar acciones en esta tarea”, dijo Revilla.Sostuvo que la demanda de los movilizados -a su parecer justa- debe ser resuelta con el Gobierno central en montos y condiciones. «Pero no por eso vamos a dejar de prestar la atención humanitaria, que es una obligación de todas las entidades”, recalcó.Sin precisar datos, indicó que la comuna cumple con el porcentaje de contrataciones no sólo de personas con discapacidad, sino de sus familiares o tutores. Dijo que si lo requiere, el Ministro puede pedir esa documentación por conducto regular.Por su parte, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, señaló que el diálogo no puede darse por perdido, por lo que ofreció la mediación entre el Gobierno y los discapacitados.»Como universidad podemos mediar en búsqueda de solución. Que no se haya logrado un consenso no quiere decir que el diálogo se rompió definitivamente”, afirmó.