Juan José Toro MontoyaUna de las presiones más perniciosas es, sin duda, el bloqueo. Al impedir el paso por un camino o, simplemente, una calle, se atenta contra uno de los derechos civiles consagrados en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE), el de la libre circulación en todo el territorio boliviano.Pero no se trata solo de una violación constitucional. Los bloqueos, especialmente los camineros, causan graves perjuicios a la economía nacional porque interrumpen el tránsito de bienes y productos. De esa manera, se interrumpe el comercio y se pone un freno a las exportaciones, causando pérdidas millonarias. Al “impedir y entorpecer el desarrollo normal del trabajo o de la producción”, también se incurre en el delito de sabotaje tipificado como tal en el artículo 232 del Código Penal.El bloqueo que el transporte pesado inició el lunes es una medida de ese tipo, perniciosa e ilegal, pero, curiosamente, está dirigida en contra de otro tipo de bloqueos. Lo que los transportistas piden es que se modifique el Código Tributario, de tal manera que, en el momento de pagar impuestos, los contribuyentes puedan presentar facturas de descargo de cualquier actividad económica y no de una específica.Su pedido es más que razonable si se toma en cuenta que la base del tributo es su universalidad. Sobre ese principio, todos deberíamos pagar impuestos –sin excepciones odiosas como las de los cocaleros y cooperativistas mineros–, pero el tributo no debería convertirse en una tortura. Así como hay paraísos fiscales, Bolivia fue calificada como ‘infierno fiscal’ debido al manejo anticonstitucional y retrógrado de la recaudación de impuestos.El ciudadano que, queriendo cumplir con su obligación, pasa a formar parte del registro de contribuyentes, se convierte en sujeto pasivo de multas a veces hasta por nimiedades. Para los no iniciados en la materia, el pago de impuestos es complicado, pero llenar los formularios del SIN, ahora informatizados, lo es todavía más. Muchos lo hacen temblando porque saben que un error acarrea multas que, para colmo, pueden llegar a ser superiores a un salario, lo que también es ilegal.El anacronismo de las normas tributarias, muchas contrarias a la CPE y a las leyes, son también un bloqueo, aunque no de calles ni de caminos sino del desarrollo personal de los contribuyentes, que, al ser sentenciados al pago de multas, violando las normas del debido proceso, se ven obligados hasta a contraer deudas para pagarlas. Entonces, el bloqueo del transporte va en contra del bloqueo que las normas tributarias nos imponen cada día.El Deber – Santa Cruz