La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya publicó este lunes un documento sobre la demanda que presentó Chile contra Bolivia en el caso de las aguas del Silala, en el que, entre otros aspectos, exige que se le reconozca el derecho de uso internacional que tiene sobre el recurso hídrico y se obligue a La Paz a evitar la contaminación y otros daños a las aguas en disputada.
La administración de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, informó este lunes de la demanda internacional presentada por las aguas del Silala, que Bolivia reivindica como parte de un manantial que nace y muere en su territorio y que fue canalizado artificialmente hace más de 100 años bajo el amparo de una concesión que en 1997 fue anulada.
Los argumentos chilenos, según el documento publicado por la CIJ en inglés y traducido al español de forma no oficial, defienden el argumento de que el recurso es parte de un río internacional, por lo que exigen se declare que en su uso “rige el derecho internacional consuetudinario”. Añaden que su país “tiene derecho a la utilización equitativa y razonable de las aguas”.
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También demandan al máximo tribunal de justicia internacional que obligue al país demandado a preservar las aguas de contaminación. “Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile como consecuencia de sus actividades en las proximidades del río Silala”, prevé parte de los argumentos.
En su primera reacción tras el anuncio de Chile sobre el inicio de un juicio, el presidente Evo Morales consideró que, si las autoridades del país vecino tienen valores, deberían preguntar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la propiedad de los “manantiales” del Silala.
Hace más de 100 años Chile desvió artificialmente las aguas de los manantiales para el uso de las locomotoras a vapor. La Prefectura de Potosí revocó la concesión otorgada a la The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd., toda vez que el recurso no era utilizado para los fines inicialmente acordados entre las partes.
Ambos países instalaron el tema en la agenda bilateral de 13 puntos, acordada en 2006. La negociación logró un pre-acuerdo a través del cual Santiago aceptaba pagar por el 50% del uso de las aguas hasta tanto se defina la propiedad del resto. Autoridades cívicas de Potosí exigieron el pago histórico de la deuda y la negociación no llegó a avanzar.
Chile asegura en la demanda que el agua abastece también a los habitantes de la ciudad de Antofagasta y localidades de Sierra Gorda y Baquedano y exige que el país demandado le facilite información de las medidas que pueda proyectar sobre el recurso y que puedan tener un efecto adverso, situación –aseguró- que hasta el movimiento el gobierno boliviano incumplió.