Por suplantar al supuesto hijo de Morales
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que la ley prevé condenas entre 15 y 20 años de cárcel para los autores del delito de trata y tráfico de personas que suplantaron al supuesto hijo del presidente Evo Morales, utilizando a un niño, cuyos padres fueron contratados para llevar al menor ante una juez y un medio de comunicación internacional, para que declare ser hijo del mandatario y Gabriela Zapata.
Explicó que el delito de trata y tráfico tiene en primera intancia una pena de 10 a 15 años de prisión, pero cuando se trata de víctimas de niña, niño, adolescente o personas con discapacidad y atentando contra su seguridad, son trasladados de un lugar a otro en calidad de víctimas vulnerables, la pena se puede elevar a 15 o 20 años de privación de libertad.
Guerrero dijo que Zapata y los abogados de ella, contrataron a los padres del menor con el ofrecimiento de 15 mil dólares, de los cuales se pagó un adelanto de 5 mil. Luego abogados y familiares trasladaron al niño hasta el juzgado y luego a una entrevista televisiva con la cadena norteamericana CNN en un hotel de La Paz, según explicó al canal estatal.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Dijo que la cabecilla de este movimiento fue la supuesta tía de Zapata, Pilar Guzmán, sus hijos Claudio Rivera y Andrea Montesinos Guzmán, quienes contactaron a los padres del menor Víctor Vega e Isela Chávez para cometer el ilícito. Aseguró que los hijos de Pilar Guzmán eran los que trasladaban al menor de un lado a otro en vehículos que fueron plenamente identificados.
El fiscal aseguró que de acuerdo a las declaraciones que realizaron los cinco aprehendidos, se muestra la participación de los abogados Eduardo León, William Sánchez Peña e incluso de los asistentes que compraban alimento para el menor.
“Tenemos declaraciones y testimonios que indican el nivel de participación de los abogados, de Pilar Guzmán, los hijos, el yerno, el padre y madre del menor”, afirmó Guerrero, al indicar que realizan allanamientos a domicilios particulares para recabar información, pruebas y documentos sobre la participación de abogados y algunos políticos de la oposición.
La autoridad descartó que se trate de persecución política y afirmó que son investigaciones para determinar la participación de cada uno de los posibles autores materiales e intelectuales y de los que financiaron hechos delictivos.
Anunció que una vez concluida la etapa de la investigación de este caso, presentarán la acusación con todas las pruebas por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa y obstaculización de la justicia.
Fuente: erbol.com.bo