Emilio Martínez Cardona*Tras la lectura in extenso de los acuerdos firmados ayer por el gobierno de Juan Manuel Santos y la narco-guerrilla de las FARC, bajo el auspicio de la dictadura cubana, puedo advertir dos puntos principales generadores de incertidumbre:Entrega de territorios a las FARC con lenta dejación de armasSe crean 23 zonas de transición con 8 campamentos para la concentración de los guerrilleros. Pero el proceso de reubicación comienza el día 5 de aplicación de los acuerdos, mientras que la entrega de armas recién inicia a los 3 meses, culminando a los 6 meses de implementación de las zonas.Teniendo en cuenta el antecedente de maniobras realizadas por las FARC en procesos de diálogo con gobiernos anteriores, cuando se utilizó la excusa de las conversaciones de paz para ocupar territorios desmilitarizados, cabe preguntarse sobre el riesgo de que el traslado de los guerrilleros acabe siendo simplemente un reposicionamiento estratégico y que la dejación de armas se interrumpa bajo cualquier excusa (como algún auto-atentado de tipo false flag).Es importante señalar que las zonas elegidas tienen acceso fluvial, lo que puede ser relevante para la continuidad de las operaciones de narcotráfico de las FARC.Posible criminalización de opositores al Pacto de La HabanaEl segundo acuerdo establece una política de “lucha” contra quienes “atenten contra el proceso de paz”, bajo un diseño ambiguo que podría ir más allá de simples medidas de resguardo de seguridad para abarcar también a quienes militen políticamente contra lo pactado (aplicable por ejemplo a la “resistencia civil” anunciada por el ex presidente Álvaro Uribe).En este marco se crea una unidad especial de la fiscalía encargada de iniciar procesos judiciales, así como una unidad mixta armada de “protección” que al parecer sería conformada por efectivos de la fuerza pública pero también por integrantes de la guerrilla, lo que por una parte indica que la dejación de armas no sería total y, por otro, mostraría un peligroso indicio del inicio de una suerte de co-gobierno entre el Poder Ejecutivo colombiano y las FARC.***Al margen de estos dos puntos principales, emergentes de lo firmado en la capital cubana, hay dudas sobre los alcances de la justicia transicional que se discute en el proceso de paz, que como bien ha señalado Human Rights Watch puede dar lugar a impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad.De igual forma, existe incertidumbre sobre el mecanismo de refrendación, que probablemente sería un referéndum con un umbral bajo de participación ciudadana (se habla de un 13% de apoyo del electorado), lo que evidentemente no alcanzaría para legitimar una política a ser incluida en el bloque de constitucionalidad.Para los sectores colombianos disconformes, posiblemente la mejor estrategia no sería oponerse en bloque a todo lo pactado (lo que ofrece un blanco fácil para la demagógica invectiva contra los “enemigos de la paz”), sino buscar enmiendas quirúrgicas a los acuerdos desde el Congreso, o bien desagregar distintos aspectos mediante múltiples preguntas en el referéndum, que además debería contar con un umbral alto de participación del electorado.*Escritor y ensayista