En los últimos tiempos han proliferado las evidencias de flagrantes irregularidades en el proceso judicial del caso Rozsa, al punto que la versión oficial de los hechos prácticamente se ha derrumbado y existe consenso en la opinión pública sobre lo artificioso del tema, al punto que personeros del oficialismo están pidiendo amnistía política para los encausados.Otro caso donde parece estar sucediendo algo similar es el de Porvenir, sobre todo tras conocerse que una de las entidades participantes en la acusación contra el ex prefecto Leopoldo Fernández, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), acaba de retirar su inclusión en el juicio, subrayando que el proceso no está siendo orientado a la búsqueda de la verdad y que se estarían violando las garantías de los encausados.Mediante carta dirigida al Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, la presidente de la APDHB, Amparo Carvajal, precisó que en el juicio “no se generan actos eficientes de investigación ni se somete la causa a la búsqueda de la verdad material en el marco del respeto al debido proceso y al juez natural”.Remarcó también que “principales víctimas e impulsores iniciales de este proceso han retirado sus acusaciones y han pedido sentencia de absolución para los imputados, a quienes les reconocen como inocentes o no responsables de los hechos objeto de juzgamiento”.Todo parece indicar que, tarde o temprano, serán altas figuras de gobierno las que tendrán que explicar su actuación en las negras jornadas de septiembre del 2008…[email protected]