Emilio J. Cárdenas*Uruguay tiene realmente una reputación de oro en materia de respeto al estado de derecho. La izquierda que controla al llamado Frente Amplio (el oficialismo) está comenzado a manosearlo peligrosamente, porque está proponiendo nada menos que hacer una “reforma” constitucional que erosione sensiblemente la protección legal al derecho de propiedad.La excusa es realmente muy pueril. Pretendidamente, es la de facilitar la expropiación de aquellos inmuebles (urbanos y rurales) abandonados, improductivos o con deudas fiscales, lo que naturalmente puede hacerse sin necesidad de modificar el pacto social de los uruguayos, aquel que está impreso en el texto de su Constitución. El que genera la necesaria certeza y confiabilidad en el futuro del país, el que atrae a los inversores, incluyendo a los financieros.El centro financiero uruguayo está hoy, como consecuencia de la referida movida de la izquierda, con un feo signo de interrogación que ha aparecido y flota ya sobre el mismo. Como una duda mayúscula. La responsabilidad -no menor- es de aquellos que creen que las Constituciones pueden manosearse impunemente, sin quebrar la confianza de propios y ajenos. Que son obviamente los mismos que postulan (con frecuencia muy disimuladamente) la propiedad del Estado sobre los medios de producción, los marxistas entonces. A fines de este mes de noviembre se reunirá el Congreso del Frente Amplio para tratar este delicado tema. El camino, si es efectivamente transitado, exige convocar a una Asamblea Constitucional, con el doble de constituyentes que los actuales parlamentarios. Es lento y costoso. Por eso se piensa en la alternativa de recolectar las firmas necesarias para realizar la convocatoria a la Asamblea Constitucional. El sólo hecho de comenzar a transitar ese camino ya supondría minar seriamente la confianza de los inversores. Duramente.Como ya sucediera en Chile, tan pronto como la poco aplaudida y muy cuestionada Michelle Bachelet anunciara que también ella (con su corazoncito de izquierda radical) postulaba la necesidad de “reformar” la Constitución de su país, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, pero que le costó una fuerte caída de confianza que terminó siendo inocultable y lastimó visiblemente la credibilidad ante los inversores dispuestos a apostar en favor del futuro del país trasandino.Con el derecho de propiedad no se juega gratis. Tiene su costo. Inmediato y futuro. Alto, por lo demás. Porque provoca desconfianza, aislamiento y un explicable recelo.Además, el Congreso del Frente Amplio abordará otro tema también altamente delicado. El de la pretendida “unidad ideológica” del Frente, o sea el del “discurso único”. Para disimular, se lo llama mendazmente el de los “principios y valores compartidos”.Pero pocos caerán en la trampa. Lo que se pretende es desterrar el disenso. Evitar la diversidad. Tener una ideología común, sin matices. Para aprender y seguir de memoria. Sin pensar. Sin cuestionar. Un evangelio autoritario, entonces. Ese camino es muy poco uruguayo. Es muy cubano. Por esto, visto desde afuera, es ciertamente muy peligroso. *Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones UnidasEl Diario Exterior – Madrid