Marco Antonio Rocha Venegas, debía ir de copiloto en el vuelo a Medellín, el pasado 28 de noviembre, y no Ovar Goytia, quien ocupó ese puesto en la aeronave que dejó 71 personas muertas.
Revelan que Rocha, otro socio de LaMia, debía ser el copiloto
El Fiscal General anunció que se llamará a declarar a dos exdirectores de la DGAC para saber por qué uno no dio autorización a la empresa y el otro sí.
Cortesía Sol de Pando. Rocha (der.) era el socio de LaMia; al lado Vargas, el gerente.Página Siete / La PazEl Ministerio Público reveló que el otro socio de la empresa LaMia, Marco Antonio Rocha Venegas, debía ir de copiloto en el vuelo a Medellín, el pasado 28 de noviembre, y no Ovar Goytia, quien ocupó ese puesto en la aeronave que dejó 71 personas muertas.El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dio a conocer ayer esa información. «Uno de los pilotos tenía que ser Rocha y prácticamente el que fue de copiloto no tenía autorización para hacer ese tipo de vuelos. Estamos encontrando información importante que sin duda va a conducir esta información para dar con los responsables de este caso”, sostuvo la autoridad.Miguel Quiroga, piloto y socio de la aerolínea (fallecido), y Goytia, copiloto, comandaron la aeronave que se estrelló la noche de aquel lunes a minutos de llegar a Medellín (Colombia). El avión llevaba al equipo brasileño Chapecoense para que dispute la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.Guerrero afirmó que Rocha debía estar en el avión y no Goytia. Pero el segundo socio de LaMia salió del país días antes del accidente. Se conoce que se encuentra en Paraguay y no tuvo ningún movimiento migratorio para regresar a Bolivia.Rocha y Celia Castedo, funcionaria de Aasana, son investigados por el Ministerio Público, pero ambos están fuera del país. El fiscal explicó que los investigadores a cargo tramitan la declaratoria de rebeldía para los dos.En el caso de Castedo, quien pidió asilo en Brasil, Guerrero señaló que se respetará los procedimientos de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) aunque la Fiscalía, por su parte, trabaja en los procesos para llevar adelante la investigación y convocarla a declarar.La Fiscalía presentó la imputación formal contra Rocha Venegas por la presunta comisión de los delitos de desastres en medios de transporte, homicidio culposo y lesiones gravísimas.Según el avance del Ministerio Público, identificó que Rocha, como socio de la aerolínea, «violentó el manual de funciones aprobado por la DGAC, además de las formalidades legales que debe tener la planificación interna empresarial de un vuelo internacional de transporte de personas”, según un comunicado.Quiroga y Rocha eran los socios de la empresa LaMia. Según un documento notarial, ambos le dieron a Gustavo Vargas Gamboa el poder de ser el gerente general de la aerolínea, así como hacerse cargo de otras gerencias, de disponer de los bienes y contratar personal, entre otras funciones. Los tres fueron militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Vargas se jubiló y los otros dos fueron retirados.La DGAC en la mira
- Citas Luis Coimbra y Virgilio Pereyra, exmilitares y exdirectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), serán convocados a declarar ante el Ministerio Público para establecer la constitución de la empresa LaMia, de la cual un avión cayó y dejó 71 muertos el pasado 28 de noviembre.
- Vínculos Coimbra es quien negó la autorización de operaciones a la aerolínea. Después de ser destituido, Pereyra ocupó el cargo y entre las primeras acciones fue dar el permiso a LaMia de operar en el territorio nacional.
- Influencias Gustavo Vargas, gerente de LaMia y militar jubilado, es padre del que fue director de registros en la DGAC, Gustavo Vargas Villegas. Ambos fueron apresados.
- Abogado: Vargas registró aeronave porque cumplía con los requisitosEl exdirector de Registro Aeronáutico de la DGAC Gustavo Vargas Villegas autorizó la inscripción de una aeronave de LaMia después de al menos dos informes de otros funcionarios que indicaban que se cumplía todos los requisitos, informó ayer su abogado, Milton Andrade.»La autorización que hizo no fue arbitraria, se valió de dos informes que señalaban que correspondía la inscripción de la aeronave porque se cumplió con los requisitos”, manifestó el jurista.Esos informes datan de enero de 2016 y en ellos la responsable del Registro Público de Aeronaves, Vanesa Flor, y el inspector de Aeronavegabilidad, José Luis Suárez, señalan que es factible proceder con la entrega de matrícula para el avión que se estrelló el 28 de noviembre en Colombia.Andrade dijo que no se puede atribuir cargos penales contra su defendido con el único argumento de que quien solicitó la inscripción fue su padre, Gustavo Vargas Gamboa, actualmente recluido en el penal de Palmasola por presuntos delitos que desembocaron en el trágico suceso que cobró la vida de 71 personas. «Si se cumplió los requisitos, no hay delito”.Extrañamente, días después del 28 de noviembre tanto Vargas Villegas como «los profesionales abogados que realizaron informes jurídicos” presentaron su renuncia a la DGAC, señala la imputación de la Fiscalía.Además se argumenta que Vargas Villegas incumplió sus deberes al no excusarse de conocer el trámite de su padre tal como lo manda la Ley 2341: «Será causal de excusa y recusación para la autoridad competente en la emisión de actos administrativos cuando haya parentesco con el interesado en línea directa”.Andrade sostuvo que esta falta sólo daría paso a un proceso administrativo y no así a uno penal, en el que además se atribuyen a su cliente los delitos de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.