Ya había sucedido el año pasado luego de la derrota del oficialismo en el referéndum reeleccionista: en ese entonces el régimen de Evo Morales intensificó la persecución y judicialización de opositores o disidentes, tanto a manera de vendetta como de cara a un eventual desquite de la consulta.Ahora, tras esa suerte de 21F 2.0 que fue la multitudinaria celebración ciudadana de la victoria del NO de un año atrás, el evismo echa mano al mismo expediente, apurando la sentencia al ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, presionando para que se dictara prisión preventiva contra el ex gobernador beniano Ernesto Suárez, amenazando con destituir y procesar al gobernador tarijeño Adrián Oliva, y acosando judicialmente al líder de UN Samuel Doria Medina.Pareciera que, por un lado, se buscan castigos “ejemplarizantes” que induzcan a la desmovilización democrática, que ha cobrado nuevos bríos en los últimos tiempos.Por otra parte, se busca conquistar o consolidar la toma de bastiones regionales poco amigables con el masismo, en vista a las elecciones nacionales del 2019 y de las inconstitucionales maniobras previas para “repostular” al Señor de los Cocales… [email protected]