Los autores de las muertes del pastor evangélico Antonio Rivero y los autonomistas Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes permanecen en la impunidad porque no fueron investigados ni incluidos en el proceso por el caso Porvenir.
Muertes de autonomistas en Pando quedan en la impunidad
Jorge Borobobo, una de las víctimas de Porvenir, denunció ante el Tribunal que el juicio “se convirtió en un proceso político, ya que intervienen políticos”.
APG. Una imagen de los enfrentamientos en el aeropuerto de Cobija en septiembre de 2008.Los autores de las muertes del pastor evangélico Antonio Rivero y los autonomistas Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes permanecen en la impunidad porque no fueron investigados ni incluidos en el proceso por el caso Porvenir, afirmó Karlo Brito, abogado de Leopoldo Fernández.Marisol, la viuda de Luis Antonio Rivero, el pastor evangélico de 54 años que fue asesinado en el aeropuerto de Cobija, víctima de los disparos de los militares, lamentó que la justicia no haya identificado al autor de la muerte de su esposo.En audiencia de conclusión del juicio, ante el Tribunal denunció que dejará «todo en manos de Dios” y que no iniciará un proceso por temor a represalias, debido a que constantemente recibió amenazas.Durante el juicio oral que se desarrolló en el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, de los siete acusadores que sustentaban el litigio, cuatro se separaron -Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero viuda de Bernardino Racua (dirigente campesino fallecido en Porvenir), Carlín Haensel Inuma, representante de las víctimas de este caso, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.Se mantuvieron en calidad de acusadores los familiares de los estudiantes normalistas fallecidos Wilson Castillo Quispe, Adolfo Cruz Quispe y Jhony Cari Sarsuri, representados por la abogada Mary Carrasco. A ellos se suma los familiares del conscripto Ramiro Tiñini, asesorados también por Carrasco.Carlin Haensel Inuma, a nombre de la Asociación de víctimas del 11 de septiembre de 2008, en memorial de desistimiento alegó que «las autoridades a cargo de la investigación jamás intentaron identificar siquiera a los autores materiales de la violencia, menos someterlos a juicio (…) Con relación a los autores intelectuales e instigadores también se ha generado un manto de encubrimiento por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales; lo que es más grave, se está juzgando a personas inocentes”, se lee en una parte del documento.Asimismo, Norah Montero viuda de Racua -que junto a sus hijos retiró la denuncia contra Leopoldo Fernández, Evin Ventura y Herman Justiniano- manifestó que «nadie puede discutir nuestra condición de víctimas, sin embargo, no podemos permitir que se nos siga usando para inculpar a gente inocente. La justicia no puede basarse en mentiras ni en verdades a medias”, según el memorial.En el documento, la viuda del dirigente campesino aclara al Tribunal que no firmó el acta de reconocimiento de persona, del 5 de febrero de 2009, que señala que se vio a Evin Ventura y Herman Justiniano el día de los luctuosos acontecimientos, en septiembre de 2008.A ello se suma Jorge Borobobo, otra de las víctimas de Porvenir, quien también retiró su acusación. En su memorial señala que el juicio está «convirtiéndose en un proceso político, ya que intervienen políticos y autoridades de Gobierno”.Exprefecto quiere contratar abogadaEl exprefecto de Pando Leopoldo Fernández no descartó la posibilidad de contratar a la abogada Mary Carrasco, actual defensora de las víctimas de Porvenir, para que deshipoteque sus bienes, ya que la abogada dijo que desde que la exautoridad incurrió en el hecho delictivo por el caso Porvenir, todos sus bienes fueron hipotecados como lo establece la normativa penal.Las declaraciones surgen luego de que Carrasco dijera que «la norma sustantiva penal establece que desde la medianoche de cometido el hecho delictivo se tendrán por hipotecados los bienes de los acusados”, en este caso los de Fernández.La abogada refirió que ese aspecto corre desde el 11 de septiembre de 2008, día en que se incurrió en la denominada «masacre” de Porvenir. Explicó que calculará el tiempo en que pedirá la ejecución del resarcimiento, luego de la lectura de sentencia en contra de Fernández, y ante esa medida el exprefecto deberá resarcir con todo lo que posee. (ANF)Página Siete / Beatriz Layme / La Paz