456 presas por narcotráfico, la cara más dura de las cárceles del país


Maltrato policial, desinformación y desconocimiento de derechos son algunos de los obstáculos que deben atravesar las privadas de libertad en Bolivia.Daniela Romero / La Paz «Mi mamá vende sustancias controladas, fuimos a visitarla, ella vende peluches en la Camacho. Estábamos sentadas ahí y la aprehendieron, yo estaba con mis nietos, un policía me dijo que los iba a mandar a la Defensoría. Dijeron que me encontraron con 20 gramos; algo que no hice estoy pagando. Así cuenta una mujer cómo fue que terminó recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF)  de Miraflores, en La Paz. Ella fue encarcelada después de sufrir maltrato policial, sin ser informada sobre sus derechos o el acceso a una defensa, entre otros obstáculos que hasta hoy enfrenta dentro del penal. Un estudio realizado por la Fundación Construir, llamado  Mapa socio jurídico, mujeres privadas de libertad, señala que en las diferentes cárceles del país hay 1.181 privadas de libertad de un total de  12.373 reclusos. De las 1.181 presas,  456  cumplen una sanción por delitos relacionados al narcotráfico, lo que representa un 38,6%. El porcentaje difiere significativamente de las 154 mujeres que están en la cárcel por robo o robo agravado, un 13%, o de las 130 que son investigadas por el delito de asesinato, que hacen un 11%. Testimonios de algunas presas y de  operadores de justicia coinciden en que, al margen de la pena que cumplen las mujeres encerradas, hay factores que inciden para que cometan el delito, si es que lo cometen, y también otros que ayudan a estigmatizarlas, como en el caso de tráfico de drogas. «Yo sé que no se debe manejar eso (droga) pero lo hice por necesidad y pensé que no me iba a pasar nada, dijo otra mujer recluida en la cárcel de San Pablo de Quillacollo, en Cochabamba, que habló con los investigadores. El estudio también revela que de las 456 mujeres procesadas y encarceladas por delitos relacionados con el narcotráfico el 56% está por tráfico, 27% por suministro, 15% por transporte de sustancias y el 1% por fabricación de droga. El análisis de la investigación  concuerda con lo que se hizo en el trabajo de campo, debido a que se estableció que los delitos relacionados al régimen de sustancias controladas fueron los más recurrentes. ¿Dónde están los derechos? Los operadores de justicia consideran que hay tres factores, o más, que llevan a las mujeres a estar involucradas en delitos. «Uno de ellos es el económico porque la falta de empleo obliga a las mujeres a relacionarse en ambientes nocivos para ellas, respondió un juez de materia penal en Santa Cruz. Un segundo factor es el ámbito familiar, debido a situaciones de abandono o falta de control de los padres. Y un tercer elemento es el sociocultural,  porque las personas que migran son más propensas a cometer delitos. Pero si estos factores son ya una desventaja, en un proceso penal con cárcel de por medio la brecha con los varones se extiende. «A veces  los jueces son bien exigentes respecto a los papeles porque exigen que la casa esté a nombre de la mujer cuando generalmente esta situación no se da, no suele ocurrir en la vida cotidiana, entonces ahí tienen una dificultad de acceso a ese requisito (para ser liberada, por ejemplo, sin peligro de fuga), señaló un juez de Cochabamba. «Me llevaron a la Fiscalía donde dijeron que no me presenté a las citaciones, yo no recibí ninguna notificación, dijeron que no tenía domicilio fijo a pesar que desde el inicio presenté mis papeles, dijeron que no tenía familia, que no tenía trabajo estable, que tenía peligro de fuga, dijeron que era parte de una organización criminal, dijeron que era un peligro para la sociedad, no  pruebas, relató una mujer del penal de Obrajes. En los penales las mujeres se deben defender de las más antiguas, de sus maltratos, de sus órdenes, pero también de ser vistas como lo peor de la sociedad por haber llevado droga, por ejemplo. «Es necesario reflexionar sobre el acceso a la justicia, como la posibilidad de garantizar derechos fundamentales y que en justicia se apliquen sanciones o se determine la inocencia, considerando las características particulares de las personas, destaca el estudio realizado.Fuente: paginasiete.bo