La Paz | Los Tiempos
Los ponchos rojos, así denominados los pobladores del área rural de Achacachi, dispondrán de por lo menos 2.000 personas para resguardar el acto cívico militar del 7 de agosto, en conmemoración al 192 aniversario de las Fuerzas Armadas, que se realizará en la comunidad Kjasina, y así evitar cualquier incidente, informó el dirigente del sector Fidel Poma.
En tanto, centenares de pobladores del centro urbano de Achacachi paralizaron, ayer, por horas La Paz en demanda de la liberación de Gonzalo Laime, exdirigente cívico, y Pastor Salas, profesor, aprehendidos en pasados días por los hechos de violencia registrados en la región, el pasado febrero, en los que se quemaron viviendas y vehículos.
Este hecho generó que varios sectores vecinales rechacen el desarrollo del acto militar en la región por considerar que no se respetan los derechos humanos de los pobladores. Además, denunciaron que la administración central estaría respaldando al alcalde Edgar Ramos Laura (MAS) de quien piden su renuncia por supuestos malos manejos económicos y por no realizar la rendición de cuentas ante el poblado.
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“Van a participar masivamente allá. Estamos estimando que alrededor de 2.000 policías sindicales van a cubrir todo el perímetro donde se va a realizar la parada militar”, adelantó el dirigente de los ponchos rojos. Recordó que el conflicto de febrero fue protagonizado por grupos de vecinos y que éste se encuentra en el ámbito judicial.
Los ministros de la Presidencia, René Martínez, y de Defensa, Reymi Ferreira, ratificaron el desarrollo del acto cívico militar en Kjasina, pese al rechazo de algunos dirigentes de la sección urbana de Achacachi.
Sin embargo, Poma al tiempo de coincidir con las autoridades gubernamentales adelantó que “somos como 30 mil ponchos rojos que vamos a participar conjuntamente con las Fuerzas Armadas”.
Entre 14 y 15 de febrero, vecinos del municipio de Achacachi realizaron protestas en contra de la gestión de la autoridad local de filas MAS.
ROMERO NO CEDERÁ A PRESIÓN
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en relación al proceso que instauró el Ministerio Público en contra de Esnor Condori, Gonzalo Laime y Pastor Salas, y las movilizaciones de personas del sector, dijo que las investigaciones demostraron la intención de “dar un golpe de estado” al alcalde electo Edgar Ramos.
La excusa para dar “el golpe” era una rendición de cuentas para que los dirigentes, ahora juzgados, articulen en ese encuentro un cabildo para desconocer a la autoridad.
“Estos señores se presentan ante la opinión pública como si no hubiesen hecho nada, pretenden condicionar la labor de los jueces, obligando a los transportistas a trasladarlos para provocar desorden en la ciudad de la Paz y presionar para que eludan la acción de la justicia. Quieren ser salvaguardados por la vía de la movilización. Eso no lo vamos a permitir vamos a hacer seguimiento de la audiencia de medidas cautelares y del proceso en sí”, afirmó el ministro Romero.
Explicó que la investigación determinó que las personas detenidas incurrieron en los delitos de destrucción o deterioro de los bienes del Estado, robo agravado y otros.
Fuente: lostiempos.com