El artista y activista Thierry Paul Valette firma una petición (y le apoyan más de 300 mil franceses) para que no reciba ningún pago por sus actividades públicas
“Los franceses eligieron a un hombre, pero quien vive en el Palacio del Elíseo es una pareja” escribió la revista francesa Voici hace apenas unos días. Voici, como Emmanuel Macron, como su Gobierno y como una parte de la sociedad francesa, pide acabar con la hipocresía que supone el hecho de que la pareja del presidente francés carezca del reconocimiento oficial que supone el título de primera dama, pero ejerza en la práctica de tal. Brigitte Macron acompaña a su marido en los actos oficiales, recibe a personalidades y lleva a cabo todo tipo de actividades públicas como “pareja” del presidente, pero no cuenta con el estatus legal del que sí disfrutan las esposas de los presidentes americanos.Brigitte Macron vive, en definitiva, en el limbo administrativo, como esos viajeros sin visado que permanecen atascados en la zona de tránsito de los aeropuertos sin poder volver a su país de origen pero sin poder tampoco entrar en el de destino. Como Tom Hanks en La terminal.via GIPHYPero Brigitte Macron no será, de momento, primera dama. Una petición firmada por el artista y activista francés Thierry Paul Valette y apoyada por más de 308 mil franceses solicita que Brigitte Macron no reciba ningún tipo de pago por sus actividades públicas como esposa del presidente. Una encuesta realizada el pasado mes de mayo reveló, además, que el 68% de los franceses se oponen a la idea. Según funcionarios del Gobierno francés, el éxito de la petición de Valette y el aparente clamor popular habrían obligado a Macron a renunciar a la idea de añadir la figura de la primera dama francesa en la Constitución francesa.
Es difícil saber hasta qué punto la oposición popular a la creación de la figura de la primera dama se debe a un rechazo a la figura en sí o se trata más bien de oportunismo político. Las declaraciones de Valette, la cabeza visible del rechazo popular, parecen indicar que el rechazo es más ideológico que otra cosa. “Muchos franceses votaron por él para impedir la victoria del Frente Nacional de Le Pen, no porque apoyaran su programa”. La afirmación de Valette es absurda. La victoria de Macron fue abrumadora y el hecho, evidente, de que una parte de sus votos procedieran de aquellos que no querían que el Frente Nacional llegara al poder no quiere decir que una amplia mayoría de sus votantes no desearan que Macron aplique el programa con el que se presentó a las elecciones. Es más. ¿Qué programa debería aplicar entonces Macron? ¿El de los partidos perdedores? Pero un 68% de franceses son muchos franceses, y Macron no ha podido negar la realidad. Sea por las razones que sea, los franceses, equivocada o acertadamente, racional o irracionalmente, de forma machista o llevados por un sentimiento de rechazo hacia la clase política, no quieren una primera dama (o un “primer caballero”) y prefieren que las esposas de los presidentes franceses continúen siendo eso que vulgarmente se llama “un florero”. El portavoz del gobierno galo, Christophe Castaner, se ha apresurado a tuitear: “Ninguna modificación de la Constitución, ningún nuevo financiamiento, ningún salario para Brigitte Macron. ¡Basta de hipocresía!”. Y ha añadido durante una entrevista concedida a France2 Televisión: “No estamos hablando de un trabajo, sólo estamos hablando de su estatus. Un trabajo es remunerado. La mujer del presidente no recibe ningún salario y no lo recibirá por su trabajo, aunque esté siempre a su lado. Es sólo una cuestión de transparencia”.
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Aucune modification de la Constitution, aucun moyen nouveau, aucune rémunération pour #BrigitteMacron, stop à l’hypocrisie !
— Christophe Castaner (@CCastaner) 7 de agosto de 2017
Pero la hipocresía y la opacidad seguirán siendo la norma en Francia. Al menos de momento y por lo que respecta a Brigitte Macron. Porque la Asamblea Nacional francesa acaba de aprobar una ley de “moralización” de la vida pública que supone un paso adelante en cuanto a transparencia se refiere. La ley establece las pautas que deberán regir a partir de ahora la actuación de los funcionarios electos, es decir de los políticos con cargo público. La ley se ha aprobado con 462 votos a favor, 74 en contra y 65 abstenciones.La ley de transparencia se aprueba tras una dura campaña electoral en la que uno de los candidatos, el favorito en un primer momento François Fillon, fue muy criticado tras la revelación de que su esposa y sus hijos cobraron un generoso salario como ayudantes parlamentarios a cambio de poco o ningún trabajo. De Fillon también se supo que firmó contratos con una consultora poco antes de iniciar sus actividades parlamentarias. La ley que se aprobó el pasado miércoles prohíbe ambas actividades: la contratación de familiares, es decir el nepotismo, y la combinación de actividades de consultoría con cargos públicos.En España, una ley como la francesa obligaría a despedir a miles de familiares contratados por los políticos en su mayoría como “cargos de confianza”. Empezando por Vanesa Valiño, pareja del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, y nombrada jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda. O Luis Cueto, marido de la sobrina de Manuela Carmena, nombrado jefe de gabinete de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y cuya contratación justificó el equipo municipal con el argumento de que Cueto ya era funcionario de alto nivel y que “simplemente” se le había trasladado de puesto. O Adrià Alemany, el marido de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que fue contratado después de que ella alcanzara la alcaldía. La justificación dada fue que no se le había contratado para trabajar en el Ayuntamiento sino “en el partido”. Los partidos de la oposición, sin embargo, sostienen que Alemany cuenta con despacho propio en el Ayuntamiento y ejerce responsabilidades políticas evidentes.La lista podría continuar durante horas con casos más o menos dudosos: Eduardo Garzón (el hermano del líder de IU Alberto Garzón), Nuria Sánchez Díaz (novia de Guillermo Zapata), el padre de Rita Maestre, Carmen Gámir (exnovia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó), Álvaro Ramírez de Haro Aguirre (hijo de Esperanza Aguirre), Francisco Villar Vázquez (hijo de Francisco Villar, mano derecha de Mariano Rajoy durante varios años), Cristina Díaz Pan (hija de Dolores Pan, presidenta de la mesa de la Comisión de Fomento en el Senado), Micaela Arias Cañete (hija de Miguel Arias Cañete)… O los supuestos enchufados por parte del PSOE en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), entre ellos familiares del exconsejero Gaspar Zarrías, del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o del alcalde de Sevilla Juan Espadas.Los partidos políticos españoles tienen contratados a 145.000 españoles, un tercio del total de empleados por las 35 empresas del IBEX y casi la misma cantidad de empleados con los que cuentan Iberdrola, Endesa y Repsol juntas. Esa cifra incluye a los 39.500 cargos públicos existentes en España, casi 10.000 más de los que existían antes de que empezara la crisis. Si se suman esos 145.000 empleados sus familiares y dependientes, la cantidad de votos que controlan los partidos políticos vía contrataciones supera el medio millón. Más que suficiente para decantar unas elecciones. No es exagerado decir que, en España, las elecciones las deciden en buena parte los enchufados.Fuente: revistavanityfair.es