DAVID BARRIGA EN LA CONTRALORÍA, EN SU ÚLTIMO DÍA DE TRABAJO, EL 28 DE DICIEMBRE.
La gerencia departamental de la Contraloría General del Estado en Cochabamba inició 30 procesos penales en un tiempo de nueve años.
Mario David Barriga Montaño fue hasta el 28 de diciembre el gerente Departamental y dejó el cargo luego de nueve años.
La ahora exautoridad presentó un informe de 37 páginas, en el que resume el trabajo realizado en ese periodo e incluye una treintena de inicios de procesos penales en contra de autoridades y funcionarios públicos,a demás de alrededor de 50 dictámenes que están referidos a las resoluciones emitidas a la conclusión de auditorías.
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Dijo que no tiene cuantificada la gran cantidad de denuncias que llegaron y se trataron. Solo en 2017 se emitieron más de 42 productos, que incluyen informes.
Los procesos penales se realizaron por los supuestos delitos de daño económico y contratos lesivos al Estado, principalmente.
“Se ha intervenido con auditorías en instituciones bastantes sensibles”.
Barriga recordó casos sobresalientes, como la demanda de 2009 instaurada en contra del exprefecto Manfred Reyes Villa, por la adquisición de vehículos de lujo por montos de alrededor de 3.5 millones de bolivianos.
En contra de la misma persona, se inició una demanda penal por irregularidades en la construcción de la represa Quecoma, una inversión de alrededor de 7 millones.
Exalcaldes fueron involucrados en casos relacionados a la implementación de obras fantasma, proyectos de salud.
El pago por tonelada de basura ingresada al botadero de K’ara K’ara fue una práctica constante hasta que se develó que los montos económicos no se reflejaban en obras sino que se depositaban “hasta en cuentas personales”.
La irregularidad derivó en procesos en contra de la Municipalidad.
Un tema pendiente es la recuperación de más de 13 millones de bolivianos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). La auditoría concluyó, se emitió un dictamen y, en la actualidad se realiza la notificación a quienes infringieron en cobros de salarios mayores a los del Presidente.
La Contraloría intervino también en los municipios. Identificó el pago irregular de bonos a funcionarios de las alcaldías de Cliza, Quillacollo y Colcapirhua. El exgerente de la Contraloría aclaró que cuando se determinan incentivos se deben establecer metas y cumplir con requisitos y evaluaciones.
“Esos bonos funcionales carecían de sustento técnico y legal para poderlos pagar. Eso generó una serie de conflictos con organizaciones sindicales”.
Existen casos aún en agenda, como el referido al desayuno escolar, observado en contra de la Alcaldía de Cochabamba.
La gestión del alcalde José María Leyes también tiene procesos desde la Contraloría, como el de la entrega de vehículos, supuestamente, irregular, a la Policía. El 24 de junio se entregó 20 motocicletas y tres motorizados de cuatro ruedas. Sin embargo, el proceso de contratación recién comenzó entre julio y agosto.
Se prevé que el próximo Gerente Departamental de la Contraloría siga el caso y presente las recomendaciones respectivas al Concejo Municipal, “si es que no se va a la vía penal”.
EL INCENDIO En 2014 se registró un incendio en el edificio que ocupa la Contraloría, en el pasaje Sucre, en el centro de la ciudad.
Entonces, además de daños a la infraestructura y muebles, se quemó buena cantidad de documentos.
Barriga recordó que en ese entonces se contaba con informes de la auditoría realizada a la construcción del puente Cobija.
“Ese trabajo se había concluido. El incendio obligó a recuperar información de distintas unidades”.
Fuente: opinion.com.bo