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Finalizada la fase oral del caso “Bolivia vs Chile: obligación de negociar un acceso al océano Pacifico”, es oportuno analizar el desarrollo del juicio que, por su contenido novedoso en lo doctrinario, crea expectativa acerca del fallo inapelable que cerrará el pleito.
A partir del 29 de marzo, los 13 jueces (se resta la participación del australiano James Crawford, por haberse excusado y del japonés Hishasi Owada, por renuncia) que componen la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a los que se suman dos jueces ad hoc (uno por cada parte), acordarán el calendario de reuniones para deliberar el singular litigio que empezó en 2015 cuando Chile presentó sus objeciones preliminares negando la competencia de la Corte, provocando un fallo adverso por decisión de 14 jueces contra 2. Al reabrir las audiencias orales el lunes 19 de marzo, la CIJ ya había renovado parcialmente su elenco y elegido a Abdulqawi Yusuf (Somalia) como su presidente.
A la izquierda del estrado principal fue acomodada la delegación boliviana encabezada por Evo Morales. Episodio inédito en el Palacio de la Paz, donde nunca un Jefe de Estado, en funciones, acudió como demandante. Lo secundaba el agente Eduardo Rodríguez Veltzé, seguido por el equipo jurídico nacional y seis abogados internacionales. En total, Bolivia acreditó a 45 personas. La mayor parte de ellas, aparte de asistentes técnicos y logísticos, perfectamente superfluas. No dejó de ser novedad la presencia de tres expresidentes: el vocero Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Guido Vildoso.
ABOGADOS. Al costado derecho, la delegación chilena estaba dirigida por el nuevo canciller Roberto Ampuero, su agente Claudio Grossman y siete abogados internacionales. Completaban el equipo juristas nacionales y parlamentarios, entre los que se destacaba el ahora senador José Miguel Insulza, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). En total 31 personas.
Ambos elencos de abogados internacionales hicieron gala no solo de sus argumentos históricos y jurídicos, sino también (no todos) del histrionismo que acompañaban sus razonamientos, expresados ora en inglés, ora en francés, idiomas oficiales de la Corte.
La distribución del tiempo de cada audiencia fue escrupulosamente respetada: 3 horas y ni un minuto más en cada jornada. De manera que, en la preparación de sus alegatos, cada orador debía condensar sus reflexiones calculando una duración no mayor a 30 minutos.
Las respectivas estrategias desplegadas por las partes estaban destinadas a impresionar por su contundencia a los jueces que escucharon en sepulcral silencio los razonamientos de uno y de otro expositor, sin —esta vez— formular pregunta alguna. En efecto, los documentos presentados como pruebas ya figuran en los folders de antecedentes de cada juez y su repetición continua, y a veces monótona, resultaba redundante.
Los expositores no pocas veces olvidaron que los destinatarios finales de sus disertaciones eran los miembros de la Corte y no sus ilustres clientes. Por ello, la fabricación de una frase feliz recogida en los titulares de los periódicos no siempre tiene igual impacto en esas 15 figuras de capa negra y babero blanco que aparentan ser inodoros, incoloros e insípidos. Entonces, los estallidos emocionales se descartan por su vacuidad legal.
- SEDE. El Palacio de la Paz, la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Si bien los discursos fueron medidos en palabras y gestos; una vez frente a la prensa, por turno, las delegaciones se acomodaban frente a los micrófonos y daban rienda suelta a sus más recónditas intenciones y objeciones para evaluar a la parte contraria. Así, por ejemplo, Roberto Ampuero, buen novelista, resultó un tanto amnésico en función de canciller, toda vez que armado de un papel ayuda-memoria, declamaba sus puntos de vista, con inseguridad y nerviosismo. En cambio, el silente canciller boliviano Fernando Huanacuni mostró una mesura elocuente.
APORTES. A nivel de agentes, Rodríguez Veltzé fue correcto en sus precisiones que, por breves, fueron dos veces buenas. El chileno Claudio Grossman, persuadido de su caudal académico, no lograba hilvanar sus propósitos al reiterar su apego al Tratado de 1904 sin aportar innovación alguna.
El presidente Morales hizo bien en no improvisar y más bien leer mensajes con los elementos vitales de la demanda boliviana.
En suma, fue notorio, en los dos bandos, el propósito de proyectar una imagen edulcorada de la situación, para consumo de sus respectivas opiniones públicas. Ergo, la presencia de decenas de reporteros, camarógrafos y fotógrafos les facilitó la tarea.
La prudencia y el temor a malas interpretaciones repercutió negativamente en la típica labor periodística que, en las conferencias de prensa, estaban limitadas a escuchar al orador, sin que se permitan preguntas. Alguna excepción parece que fue juzgada impertinente. Los mas locuaces con la prensa fueron aquellos ya jubilados de la función pública.
La Corte, hoy, en posesión de miles de folios, deberá dedicar varios meses al estudio de éstos. Existe una rutina, no reglamentada para el intercambio de opiniones entre los jueces que, provenientes de distintas nacionalidades, diferentes culturas, disimiles escuelas de pensamientos jurídico o filosófico, están llamados a elaborar un difícil consenso para llegar a un fallo que siendo justo esté encuadrado, a la vez, en el derecho internacional.
Habitualmente afloran dos tendencias, una mayoritaria, la que recoge más votos, será adoptada por la Corte en pleno. Las votaciones son abiertas entre las dos corrientes y no se permiten abstenciones, aunque sí se aceptan reservas o aclaraciones que se anotan en pie de página.
Como no es aconsejable dejar al azar el resultado de tan bullado pleito, sería oportuno que Bolivia prepare sendos planes de contingencia para cualquiera sea el resultado del fallo. Sentar a Chile en el banquillo de los acusados fue un logro histórico. Sentarlo en la mesa de negociaciones será mucho más difícil. La lucha continúa.