El Estado de Bolivia fue sentenciado por vulnerar derechos humanos de los exdiputados Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado por haberles cerrado la posibilidad de ser candidatos a la alcaldía. Ahora tiene 180 días para hacer conocer cómo garantizará que no vuelva a ocurrir un hecho similar en el futuro y además deberá pagar un resarcimiento económico.
Delgado ofreció una conferencia de prensa en Cochabamba en la que explicó el contenido del dictamen, equivalente –dijo- a una sentencia, del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la denuncia contra el Estado por vulnerar sus derechos al negarle la posibilidad de terciar a la alcaldía de Cochabamba en 2015.
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes.
Una circular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2014 prohibió a los asambleístas nacionales del periodo 2010-2015, como Delgado, postular a cargos subnacionales, a excepción de los cargos de gobernador y asambleísta departamental. Además estableció que los candidatos a alcaldes tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.
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“En 2015, frente a la ilegal eliminación de mi candidatura a la alcaldía, presenté las acciones en Bolivia. Primero no tuve acceso a justicia, tardaron mucho tiempo y ya agotando los recursos presenté (la demanda) ante el Comité de Derechos Humanos”, relató y dijo que ayer conoció el dictamen que optó que sea hecho público.
Delgado y Maldonado fueron parte de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero tras diferencias internas optaron por distanciarse y apostar por candidaturas que hagan frente al oficialismo en sus respectivas regiones. Delgado incluso como diputada por el oficialismo presidió la Cámara de Diputados.
De acuerdo a esa resolución, se constató falta de acceso a la justicia, prohibición de ejercer el derecho de ser candidata, discriminación y retardación de justicia. “Es decir, son varios derechos que se han vulnerado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, aseguró y consideró que lo más importante es el haber sentado un precedente para que no vuelva a ocurrir.
“Esperamos que en 180 días diga el Estado boliviano qué va a hacer…Debe responder cómo va a garantizar que nunca más se vulnere derechos civiles y políticos”, desafió y recordó que fue el entonces Procurador y hoy ministro de Transparencia, Héctor Arce, quien representó al Estado y que pidió sea negada la demanda.
Prefirió no hablar de a cuánto asciende el monto del resarcimiento, sin embargo dijo que será definido en una reunión con el equipo de abogados que hizo la representación no solo en Bolivia, sino en el exterior, del caso que también involucra a Maldonado, que tenía pensado postular a la alcaldía de Potosí en ese entonces.
Para la exdiputada la administración del presidente Evo Morales, que representa al Estado, debe establecer responsabilidades e identificar a quienes vulneraron sus derechos. “Creo que estaba Wilfredo Ovando y seis vocales más (en el TSE), debe ser las Sala Penal Segundo del Tribunal de La Paz que tardó más de tres meses en resolver una acción que de acuerdo a la Constitución tiene que tener 48 horas”.
Descartó cualquier posibilidad de volver a candidatear y dijo que ahora está dedicada a la actividad académica.
El Gobierno no se pronunció hasta el momento sobre este dictamen internacional, que se suma a la reciente admisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de una demanda contra el Estado vinculada al caso Terrorismo, un hecho que acabó con tres de cinco miembros de una célula terrorista desarticulada en un operativo policial del 16 de abril de 2009. (18/04/2018)
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