La UNODC dio un informe; las autoridades consideran que los resultados son producto de más operativos y de la toma de conciencia de la población.
Decomiso de cocaína pura sube en 76% y el de marihuana cae en 45%
La incautación de clorhidrato de cocaína en el primer semestre de 2018 se disparó en 76% en relación con el primer semestre de 2017. También se registró un incremento menor en cuanto a la pasta base de cocaína. Sin embargo, la confiscación de marihuana se redujo en 45%, de acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).“Señor ministro, 3.274 kilos de clorhidrato de cocaína en 2018, un 76% más que en el primer semestre de 2017, cuando se incineró 1.851 kilos. (…) La UNODC felicita a la FELCN por la incautación y destrucción de cocaína base y clorhidrato. Se indagará, junto al Gobierno, las causas de este incremento”, informó ayer el representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan.
Foto: Sara Aliaga / Página Siete Esta organización hace seguimiento a los actos de incineración de las sustancias controladas confiscadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) cuando éstas superan los 15 kilos. Estos últimos seis meses hubo 287 de estos actos, un 8% más que el año pasado, y Naciones Unidas estuvo presente en 97. La mayoría se hicieron en Oruro, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.En los primeros seis meses del año pasado se confiscaron 1.861 kilos de cocaína pura (clorhidrato); pero en el mismo periodo de tiempo de este año se alcanzó la cifra de 3.274 (ver infografía). La UNODC estuvo presente en la destrucción del 72% de esa droga confiscada.El departamento donde más de esta sustancia fue incinerada fue Santa Cruz, seguido de Beni, Cochabamba y después La Paz.En cuanto a la pasta base de cocaína (materia para elaborar el clorhidrato) el año pasado se encontraron 6.015 kilos. Este año el aumento fue de 18%, alcanzando una cifra de 7.070 kilos.En este caso también fue Santa Cruz el departamento en el que se destruyó la mayor cantidad de esta droga, seguido de Cochabamba, Beni, Potosí, Oruro y La Paz.En lo que refiere a la marihuana la situación es contraria. Si en 2017 se confiscaron 9.148 kilos, este año se llegó a 5.019, un 45% menos.Lo que no cambia es el lugar donde se incineró toda esta hierba. Santa Cruz otra vez ocupa el primer puesto, seguido de Tarija, Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz.El director nacional de la FELCN, Marco Antonio Ibáñez, manifestó ayer que la reducción en la incautación de marihuana pude ser porque la población cobró conciencia de que “es una sustancia que también hace daño y crea una serie de dependencias”. Sobre el incremento de la incautación de cocaína la autoridad policial resaltó la cantidad de operativos realizados: 7.648, un 31% más que el año pasado.Rostan coincidió y explicó que en su opinión Bolivia continúa como país de tránsito de la pasta base y procesamiento del clorhidrato. “La pasta base entra por Perú y el clorhidrato puede entrar también o eventualmente se está transformando acá. En cuanto a la marihuana es evidente que la FELCN está bloqueando las entradas por algunas partes y los narcotraficantes desviaron su ruta”, señaló.20 laboratorios para producir clorhidrato fueron destruidos y 693 fábricas de pasta base.Entre las sugerencias que la UNODC hizo a Bolivia está el aumento de personal en las fiscalías especializadas en sustancias controladas porque están sobrecargadas de procesos penales, así como mejorar la deficiente infraestructura y los escasos equipos de la fuerza especial antidroga.
Foto :Archivo“La UNODC desea expresar su preocupación por las deficiencias en las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía.Se reitera nuevamente a la UELICN gestionar acciones con la Fiscalía para identificar bienes inmuebles confiscados para cumplir con este objetivo (mejora de la infraestructura)”, indicó Rostan.Se observó que los hornos de incineración de droga en Cochabamba y Santa Cruz no funcionan, que no se asignan suficientes recursos para las pruebas de campo, que aún queda por renovar el parque automotor, entre otros.Gobierno alista decreto para seguir avionetas por medio de GPSEl Gobierno prepara un decreto supremo por el cual todas las avionetas registradas en el país deberán contar con un aparato de GPS (sistema de posicionamiento global, por sus siglas en inglés). Esto permitirá tener certeza del recorrido de las aeronaves con el propósito de, entre otras cosas, combatir hechos de narcotráfico.“Estamos trabajando con un dispositivo complementario que es el seguimiento de los movimientos de las avionetas en tiempo real a través de un sistema de monitoreo de GPS. (…) Es con un decreto supremo que lo consensuamos con los ministerios de Obras Públicas y Defensa. Fue enviado a UDAPE para su tratamiento técnico y cualquier momento pasaría al gabinete”, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.Se prevé que el sistema de seguimiento permita controlar sobre todo los vuelos en el norte y oriente del país, donde hay un frecuente tránsito aéreo para transportar droga entre Perú, Bolivia y Brasil.Estaría listo antes del funcionamiento completo de los 13 radares franceses adquiridos para vigilar el espacio aéreo. El primero de éstos es instalado en Bolpebra.Romero explicó que con el monitoreo en tiempo real de las aeronaves se cumplirán dos objetivos. Primero, tener certeza del movimiento de las avionetas, el cual muchas veces es alterado después de llenar un plan de operaciones. Segundo, contar con una base de datos a la que tenga acceso la Policía y en la que se archiven sus recorridos.Se debe actualizar el registro de las avionetas, verificar cuáles cuentan con GPS y cuáles no. “Intentaremos que los costos de instalación sean asumidos por el Estado y seguro habrá costos de mantenimiento que asumirán los propietarios, pero ese es un tema operativo”, acotó.Página Siete / La Paz