El galeno acusado Aldo Q. guarda detención en la cárcel de San Pedro y enfrentará esta semana un segundo proceso instaurado ante denuncias de pacientes del Hospital de Clínicas.
La unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas, en la intervención. Foto:Archivo / Página SieteEl oncólogo Aldo Q., quien es acusado por liderar una red de tráfico de pacientes con cáncer y por cobros irregulares, será imputado por segunda vez esta semana por denuncias que recibió la Fiscalía por víctimas del Hospital de Clínicas de La Paz, donde también trabajó. El anuncio fue realizado por la abogada de una de las afectadas, Virginia Salgado.“El doctor A. Q. está detenido sólo por el Hospital Obrero. Hablé con el fiscal Fernando Lea Plaza y en esta semana lo van a imputar (por segunda vez) y lo van a llevar a cautelares”, anticipó Salgado.El galeno se encuentra detenido preventivamente en el centro de reclusión de San Pedro, luego de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hizo una intervención a las unidades de Radioterapia del Hospital de Clínicas y del Obrero, este último dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS), el 22 de mayo. En ambos operativos se arrestó a 12 funcionarios, entre técnicos radiólogos, físicos médicos, administrativos y un médico. De ellos, 11 fueron aprehendidos. Cinco son del Hospital de Clínicas.El galeno es imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes públicos, delitos contra la salud pública y uso indebido de influencias.Desde el 29 de abril, Página Siete informó que una paciente con cáncer denunció cobros irregulares de parte de Quino por el tratamiento de radioterapia. Ella canceló en el consultorio privado del galeno la suma de 8.000 bolivianos, pero hizo su tratamiento en el Hospital de Clínicas, un nosocomio público.Días después, otros dos pacientes denunciaron tráfico de pacientes del Hospital de Clínicas al hospital Obrero, contra el mismo doctor, ya que ese especialista trabajaba también en ese nosocomio. Ambos pacientes también pagaron de forma particular al galeno, pero fueron atendidos en Radioterapia de ese hospital del seguro a corto plazo.Salgado dijo que el acusado tras acogerse al silencio enfrentará dos procesos legales. “En este caso se ha acogido al silencio y lo van a imputar. Seguramente lo llevan a cautelares y va tener dos cesaciones, uno por el Hospital Obrero y otro por el Hospital de Clínicas”, precisó.Otra de las imputadas del caso, Karina M., quien fue detenida preventivamente en el penal de Obrajes el 11 de junio, asistirá hoy a las 15:30, a una audiencia de cesación, donde se definirá si se defenderá en libertad o continuará detenida.“Este martes (hoy), a las 9:30 es la audiencia de cesación de una de los técnicos de la señora Fernández. Y en la tarde a las 15:30 es de la señora Karina M. Se discutirá en audiencia si se defenderán en libertad o continuarán detenidas. Son parte del proceso por partes querellantes del Servicio Departamental de Salud (SEDES), del Ministerio de Salud y del Hospital de Clínicas”, aseguró Salgado.Karina M. es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado, delitos contra la salud pública y uso indebido de influencias.El jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Miguel Ocampo, sostuvo en una entrevista anterior que la acusada “es una de las cabecillas de la red”, porque si bien el médico Quino daba las órdenes para que los pacientes derivados de su consultorio privado sean atendidos en el hospital, ella operativizaba ese trabajo.Salgado dijo además que en el caso de su defendida, quien es una de las víctimas de la red de tráfico de pacientes con cáncer, se espera que dos personas realicen sus declaraciones. Se trata de una enfermera y una pasante.“La señora Verónica P. que es la enfermera que atendía a mi cliente y la señora Micaela C. que es la pasante son las que aún no dieron sus declaraciones”, dijo la jurista y añadió que en caso de hallar “elementos” en su contra serán detenidas y llevadas a una audiencia cautelar. “Creo que esta medida será para la enfermera, pero para la señora Micaela C. no sabemos qué determinará la Fiscalía porque no es funcionaria pública”, mencionó.Página Siete / Laura Maldonado / La Paz