El “abogado torturador” no sólo amenazaba de muerte a sus víctimas, sino que tenía un archivo personal de las agresiones, dos de esas filmaciones se filtraron.
Torrico, el abogado más temido que operaba con delincuentes
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El 4 de febrero de 2017, luego de golpear a quien lo crió y le dio su apellido, miró a sus 15 cómplices y les gritó: “¡¿Quién domina a los policías, a fiscales y jueces?!”. A coro, ellos les respondieron: “¡Usted, doctor!”, relató Julián, el padrastro de Jhasmani Torrico Lecrere, el abogado más temido de Cochabamba.
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Luego de secuestrarlas, Jhasmani Torrico amenazaba de muerte a sus víctimas, no sólo para evitar que lo denuncien, sino también para que paguen montos de dinero y firmen papeles redactados a su conveniencia, así lo revelaron dos videos que el miércoles fueron filtrados a los medios de comunicación.
“Sabes, no es la primera vez que hago lo que hago (torturar), yo trabajo con choros, con maleantes, así que hermano querido no te vas a sentir especial, eres un cualquiera más en mi casa”, amenazó Torrico a una de las dos víctimas que aún no han sido identificadas y aparecen en las imágenes reveladas.
“El abogado torturador” –como lo apodaron los medios locales–, lanzó la amenaza mientras mostraba a la víctima el archivo personal de videos que tenía en su celular, según la grabación. La víctima observó en el celular cómo se propinaban golpes y agresiones a otras personas.
En ambos videos se observa que Torrico cometía los delitos en complicidad de al menos seis personas. Julián relató que en su caso incluso había tres personas vestidas de policías.
“Estoy sorprendido, he criado a un monstruo. Por favor, no puedo coordinar mis ideas, no puedo hablar en este momento”, comentó brevemente Julián Torrico ayer a Página Siete respecto al contenido de los videos.
Dijo sentirse afectado por la crueldad con la que actuó su hijastro, a quien crió desde los dos años junto a sus otros tres hermanos.
Según notas publicadas por el diario Opinión, que realizó el seguimiento del caso desde el año pasado, esa era la forma de operar de Torrico, en complicidad de un grupo de abogados, policías, fiscales, jueces y civiles para ganar casos judiciales.
Fuentes que no quieren ser identificadas, por temor a represalias, afirmaron que el abogado extorsionaba a los policías y jueces con los que trabajaba.
Ganaba su confianza, “los llevaba a tomar (alcohol) a donde querían, les pagaba con mujeres de mala vida y luego (ebrios) los filmaba y con eso extorsionaba a todos”, denunció la fuente.
Jhasmani Torrico está en la cárcel de El Abra de Cochabamba desde el 15 de noviembre de 2018, imputado por los delitos de secuestro, extorsión, asociación criminal y lesiones graves cometidos contra el mecánico de 50 años Juan Antonio Cuéllar.
El 16 de marzo de ese año, 13 meses después de despojar a su padrastro de su casa, donde instaló su oficina “Lecrere y Asociados”, Torrico y sus cómplices secuestraron a Cuéllar.
Luego de intentar ahogarlo en un bañador con agua, darle choques eléctricos, golpearlo, amenazarlo con matar a su esposa y violar a su hija de 17 años, obligó a Cuéllar a firmar un acuerdo en el que admitía que su dueño de casa le devolvió 20.000 dólares que él prestó.
Para hacer más creíble la farsa, el abogado fotografió al mecánico cuando contaba el supuesto dinero cancelado y presentó las fotos junto a un memorial de desistimiento de denuncia ante el juzgado donde el mecánico había iniciado una demanda contra los esposos dueños de la casa, predio donde él tenía su taller.
En la audiencia cautelar Cuéllar imploró de rodillas justicia ante juez. La Fiscalía presume que el abogado operaba con más de 15 personas y se conocen al menos seis casos similares.
Fiscalía pide revelar origen de los videos
Los fiscales de materia Faridy Arnez Arze, Eliana Colque Rubín de Celis y Jaime Arancibia Guzmán enviaron un requerimiento a la Red ATB Cochabamba, a la que piden “informar la procedencia de las grabaciones referidas y reproducidas en el noticiero”, en las que se observa al abogado Jhasmani Torrico y a sus colaboradores cuando torturan a dos personas por presuntas deudas a sus clientes.
ATB Cochabamba respondió que no revelará a la Fiscalía la “procedencia de las grabaciones”, porque en material de imprenta el secreto de fuente es inviolable.
Sin embargo, el medio televisivo respondió que sí entregará dos copias de las grabaciones íntegras (sin editar), para ayudar en las investigaciones y para que se identifique a los agresores y a las dos víctimas de Torrico.
Justicia asume acciones para capturar a los cómplices de jurista
Página Siete / La Paz
El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció ayer que se tomarán acciones para capturar a los cómplices del abogado Jhasmani Torrico, quien aparece en dos videos cuando tortura a dos personas, y no descartó que tras el jurista esté una red de corrupción o consorcio de jueces y abogados para delinquir.
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó que Torrico será trasladado en las próximas horas del penal de El Abra, en Cochabamba, a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.
La medida fue asumida por seguridad, debido a las denuncias de que el abogado se dio modos para amenazar desde la cárcel a las autoridades judiciales que llevan su caso.
Luego de la difusión de los videos, en los que Torrico y al menos otras seis personas golpean y amenazan de muerte a dos víctimas, Arce determinó enviar una comisión especial para que se sume al proceso y se dé con los cómplices.
“Se van a tomar las acciones inmediatas y necesarias para lograr la captura y detención de todas las personas que han sido cómplices de esta aparente red de corrupción o consorcio de jueces y abogados y posiblemente otras autoridades de otras instituciones”, advirtió Arce.
Dijo que en caso de constatar la participación de autoridades judiciales y policiales se procederá “a su inmediato despido y proceso judicial”, por la gravedad de los hechos.
Por otra parte, saludó la iniciativa del Colegio de Abogados de retirar la licencia y suspender del ejercicio de la profesión a Torrico, debido a la gravedad de las denuncias y la evidencia que dejaron los videos.
Página Siete / Carlos Quisbert / La Paz