Ayer se llevó a cabo un congreso cívico en San Miguel de Velasco para tratar el problema de tierras que afecta a la Chiquitania. Ni el director nacional del INRA, Juan Carlos León, ni el viceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado, asistieron
El congreso cívico institucional realizado ayer en San Miguel de Velasco resolvió conformar una comisión de defensa de la tierra con la participación de autoridades e instituciones de todas las regiones afectadadas del departamento. En ese marco y en respuesta de la solicitud de una reunión efectuada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, se decidió convocar a una primera junta pública de la Comisión de Defensa de la Tierra para el martes 2 de abril a las 16:00 horas en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Miguel de Velasco y demandar la presencia en dicha reunión del ministro (Cocarico ) y autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).En caso de la inasistencia de las autoridades antes indicadas, la Comisión de Defensa de la Tierra, procederá a un bloqueo de caminos en toda la Chiquitania desde las 00 horas del miércoles 3 de abril de 2019. Cabe recordar, que el tema de la tierra preocupa a la región chiquitana y más aún, luego de que la semana pasada en el municipio de San Miguel de Velasco, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el INRA realizaron la entrega de resoluciones de autorización de asentamientos humanos a comunidades indígenas, campesinas e interculturales.La asamblea cívica además exige la nulidad de la dotación de las 130.000 hectáreas de tierras fiscales a 69 comunidades efectuadas en el municipio de San Miguel de Velasco por no cumplir las Constitución Política del Estado ni la ley. También decidió respaldar a todas las personas que se encuentran asentadas y trabajando en dichas tierras desde hace varios años y coordinar con la institucionalidad del lugar para brindar todo el apoyo y asesoramiento necesario en la búsqueda de consolidar sus derechos propietarios y evitar el desalojo de sus predios.
En otro punto, la reunión cí- vico exige al gobernador del Departamento de Santa Cruz que una vez más, pero esta vez de manera pública, convoque e instale la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz, para que las institucionalidad cruceña y la ciudadanía realice la presión social necesaria a las instituciones miembros a fin de lograr el quorum requerido para que esta instancia pueda cumplir con las obligaciones legales de supervisar la ejecución de las políticas de tierras en el departamento de Santa Cruz.Además, la comisión deberá dictaminar sobre las áreas y superficies que proponga distribuir el INRA por dotación de tierras, en el departamento; y efectúe el seguimiento al proceso de saneamiento técnico-jurídico de la propiedad agraria, que se lleva adelante el ente agrario en el departamento de Santa Cruz.La convocatoria deberá de manera pública e inmediata, en el marco de las disposiciones legales en vigencia, y en el caso de que las instituciones que componen la Comisión Agraria no acrediten a sus representantes, deberá hacerse público dicho incumplimiento. Luis Fernando Camacho presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, institución que convocó al congreso, indicó que todas las organizaciones cruceñas apoyarán a la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz para tener certeza que esta velará por los intereses de los pueblos del departamento. En el congreso cívico estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Departamental, Hugo Salmón; el secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Bladimir Peña, los alcaldes de San Ignacio, San José, San Rafael, San Javier, Roboré y San Miguel con sus concejales, la Organización Indígena Chiquitana, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Cabildo Indígena y cívicos de toda la Chiquitania.
No asistieron a la asamblea
A pesar de haber sido invitados a la asamblea cívica, ni el director nacional del INRA, Juan Carlos León, ni el viceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado, asistieron a la reunión. Era un congreso cívico dijo León, que además se refirió a las conclusiones de la reunión.
“Que nos llegue la solicitud, la valoraremos legalmente. Vuelvo a recordar que el saneamiento, titulación, administración y distribución de tierras es competencia privativa del Gobierno nacional”, manifestó. En tanto, Dorado indicó que no existían las garantías suficientes para participar en el evento. La autoridad además explicó que había convocado a una reunión el jueves pasado a las personas que dicen que están siendo avasalladas, pero no se presentaron.
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