WALDO RONALD TORRES ARMAS
El desastre jurídico político debe atribuirse a la incompetencia y no tanto a la mala voluntad. Nuestros fracasos colectivos se explican mejor por un déficit de conocimiento que de moral. Muchas de las decisiones se toman en el corto plazo en busca de gratificación inmediata y no con racionalidad estratégica. Así, una decisión apresurada dio origen al más grande fracaso colectivo de los bolivianos.
El artículo 172 de la Constitución faculta al Presidente proponer las políticas de Gobierno y de Estado; además tiene la potestad de dirigir la política exterior, pero ninguna de ellas implica un poder ilimitado. Si bien el ejecutivo es un órgano investido de “auctoritas”, el Principio de Prohibición de Exceso está configurado en la Constitución cuando ordena al Presidente “proponer” al soberano una política de Estado y más si es fundamental para el interés nacional.
El ciudadano con su voto entrega la confianza al Presidente, y no al Gobierno en su conjunto. Es él, el último responsable por tomar, unilateral y exclusivamente, la decisión de demandar a Chile sin consultar cuando correspondía una decisión colectiva. Ningún Presidente puede tomar unilateralmente y exclusivamente una decisión que compete al colectivo nacional, ni definir en solitario el bien común.
La discrecionalidad que asiste al Presidente excedió su límite: La responsabilidad constitucional hace referencia a las consecuencias derivadas de los actos, omisiones o decisiones en que se incurra en el ejercicio de la función, cuyos efectos, sea por propia determinación o por negligencia, originan una grave lesión al interés nacional.
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Morales podía actuar de modo distinto a como lo hizo, es decir podía actuar conforme a su deber. Su culpabilidad ética consiste en haber infringido la norma como norma de deber, exigible personalmente ante el grave daño de un bien jurídico, político y diplomático de los bolivianos.
Cuando se establece responsabilidad objetiva, esto es, responsabilidad por el resultado, el Principio de Culpabilidad no se adecua a los que admitieron y secundaron la Demanda, porque no se puede reprochar por actos presuntos o por decisiones que solo competen al Presidente. La responsabilidad no se delega. Resultaría inmoral colocarlos en relación de igualdad.
Los bolivianos, esperanzados y conociendo de antemano la predisposición a aceptarla, dieron por bueno lo que no lo era, evitaron preguntar, poner en debate crítico nacional la pertinencia de la demanda porque “sospechaban”, por simple intuición, que era buena.
No era una situación extrema o un estado de desesperación para abandonarse a su irracionalidad. No existe justificación ni explicación post La Haya. Las precauciones se estructuran en la inteligencia y es lo que siempre faltó en el régimen. Aquel que no conoce al enemigo ni se conoce a sí mismo es derrotado en todas las ocasiones; por eso, al decidir lo que decidió y como lo decidió, no podía esperarse un buen resultado de la “hazaña” de demandar a Chile.
Su imprudencia permite y permitirá a los bolivianos, localizar a Morales como el individuo que ocasionó la perdición de la causa nacional y patrimonio generacional. El MAS junto a Morales fueron a parar al vertedero de la Historia y ya nada justifica hoy sus estándares y prejuicios clasistas.
No hay forma de restituir la dignidad, ella solo sobrevendría con la renuncia del Presidente por honor y ética pública.
Fuente: Los Tiempos