El ente agrario también entregó seis resoluciones de dotación de tierras. Los campesinos aseguran que se asentarán en territorio fiscal y el viceministro de desarrollo rural afirma que no existe tráfico de tierras
En un acto realizado en la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) procedió ayer a la entrega de 48 resoluciones de asentamiento y seis resoluciones de dotación de tierras en Santa Cruz a favor de comunidades indígenas, originarias y campesinas.Roly Yujra, director general de administración de tierras del INRA, indicó que la dotación es legal y cumple con el mandato del artículo 35 de la Constitución Política del Estado, que establece que las tierras fiscales deben dotarse a las comunidades, indígenas, originarias, campesinas e interculturales.“Todas las comunidades tienen que empezar a trabajar para aportar al Estado boliviano con la soberanía alimentaria. De acuerdo con el decreto supremo, tienen dos años para demostrar con su trabajo que cumplen con la Función Económica y Social”, dijo Yujra.
Por su parte, Adolfo León, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, manifestó que el movimiento indígena, originario y campesino nunca ha avasallado tierras y ni la va a hacer.“Estas comunidades están siendo beneficiadas, están asentándose en tierras fiscales totalmente libres. No se están sobreponiendo a reservas nacionales, municipales, forestales, ni parques nacionales, queremos dejar en claro eso”, dijo León.En tanto, Pedro Damián Dorado, viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, volvió a asegurar que no existe tráfico de tierras, ya que, de acuerdo con la ley, la dotación que se entrega a las comunidades campesinas no pueden se hipotecadas, traspasadas o vendidas.Problemas en la Chiquitania
Dorado, además, se refirió a los problemas de tierra que existen en la Chiquitania y especialmente en el municipio de San Miguel. El Comité Cívico y las autoridades del lugar están pidiendo la titulación de 130 propiedades privadas, no defienden a los indígenas ni a los campesinos, señaló.Para Óscar Dorado, alcalde de San Miguel, existe una ‘mano negra’ que busca confrontación entre campesinos que vienen de tierras altas y los indígenas de la nación chiquitana.“Toda la institucionalidad migueleña está en emergencia por que no nos han consultado si queremos que nuestros bosques sean devastados para cultivos agropecuarios. Además, esas tierras no tienen vocación para ese uso”, dijo el alcalde migueleño.Fuente: eldeber.com.bo
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