La ONU y la Iglesia piden paz y protección de derechos humanos


Conflictos en BoliviaTras la refriega en Cochabamba, se activaron procesos judiciales para dar con los responsables de la agresión a la alcaldesa Arce y por la muerte del estudiante 

 Un día después de los enfrentamientos en Cochabamba, en los que murió una persona, cerca de 100 resultaron heridas, un edificio público fue quemado y agredieron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce (MAS), la Iglesia católica pidió deponer actitudes de confrontación entre los grupos movilizados, mientras que el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia exigió a la Policía, al Ministerio Público y al Órgano Judicial que investiguen, procesen y sancionen a los responsables de estos crímenes, que calificó de “atroces”.Además, en el comunicado que emitió la ONU recuerda a las autoridades competentes que es su deber garantizar, en todo momento, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos bolivianos, por lo que los exhorta a actuar preventivamente ante cualquier acto de violencia.Por su lado, el arzobispo de Cochabamba, Óscar Aparicio, presentó un mensaje a la sociedad en el que llama a deponer actitudes de confrontación a los sectores movilizados en el país.



El pronunciamiento de la ONU y el del clero se produjeron en medio de la confrontación verbal entre las autoridades gubernamentales y los cívicos tras las elecciones generales del 20 de octubre, cuyos resultados están en tela de juicio a raíz de las múltiples denuncias de fraude electoral.El inicio de demandasA raíz de los hechos violentos que se registraron en Cochabamba, se activaron al menos cuatro procesos judiciales para dar con los responsables de la muerte de un joven estudiante, la quema del edificio edil y la agresión a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce (MAS).

Por el caso del extinto estudiante Limbert Guzmán Vásquez, que murió a causa de un traumatismo craneano grave en el hospital Viedma de Cochabamba, después de ser golpeado en los enfrentamientos del puente Huayculi en Quillacollo, una comisión de fiscales investigará el caso.Según el periódico Los Tiempos, por el caso del estudiante fallecido fueron aprehendidos una mujer y tres hombres que fueron retenidos el miércoles por jóvenes que estaban en el punto de conflicto acusándolos de ser sospechosos de golpear a Limbert.

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La Fiscalía calificó, inicialmente, la muerte del joven como homicidio. Tomó la declaración de estas personas, pero dos se abstuvieron. Sin embargo, se esperan informes periciales de laboratorio y de absorción atómica.Por su lado, Alivio Flores, abogado de la familia del fallecido, dijo que la investigación no solo se debe dar con los autores materiales, sino también con los autores intelectuales, y negó que Limbert hubiese recibido dinero para ir a bloquear como circuló una información en las redes sociales.Mientras en la capital cochabambina se agilizaban los trámites de la investigación judicial en el río Huayculi, municipio Quillacollo, un grupo de jóvenes que defiende la democracia con bloqueos de carretera para dar cumplimiento al decimosexto día de paro indefinido, de manera simbólica colocó un ataúd por el fallecimiento de Limbert.Tras conocerse la muerte del estudiante, el vicepresidente Álvaro García afirmó que el joven falleció por la explosión de una bazuca, pese al informe médico que indica que el estudiante llegó al hospital Viedma producto de un traumatismo en la cabeza.Por su lado, el cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó al régimen de Evo Morales por la muerte de Limbert Guzmán.Otra investigación se inició por los destrozos y quemas al edificio edil de Vinto y los presuntos autores de esos hechos deberán responder a la comisión de delitos de destrozos a los bienes del Estado, robo agravado, organización criminal y daño calificado.Por la agresión a la alcaldesa, la Asociación de Concejalas de Bolivia y el Servicio Plurinacional de la Mujer anunciaron, por separado, que presentarán una demanda penal ante el Ministerio Público para pedir la investigación e identificación de los autores de los vejámenes contra la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y campesinos de Cochabamba.La autoridad edil fue sindicada por los activistas y el grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala de financiar a los mineros que la pasada semana intentaron desbloquear Huayculi con dinamitas. También de apoyar económicamente a los cocaleros de Chapare que ingresaron el miércoles a la capital cochabambina.EL DEBER / A. Rojas /H. Ayllón /Agencias