La senadora Carmen Eva Gonzales. Foto: ABI
La senadora de Unidad Demócrata (UD) Carmen Eva Gonzales denunció hoy que el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera usaron el poder durante su gobierno para “demoler a las instituciones de prensa libre y perseguir y amenazar a sus propietarios”.La legisladora indicó que luego de una investigación que realizó a raíz de denuncias que llegaron a su despacho, detectó que personas vinculadas a los exmandatarios habrían comprado varios medios de comunicación privados.»Han utilizado el poder de la democracia para demoler instituciones de la prensa libre y perseguir, amenazar a sus propietarios y confiscar sus propiedades», aseveró en conferencia de prensa.Gonzales señaló que el objetivo principal de esas acciones que fue construir «la red de medios de comunicación más grande y poderosa» afín a ese régimen.La legisladora presentó un organigrama sobre los nexos de Morales y García Linera con empresarios e importantes accionistas de varios medios de comunicación y empresas, entre ellos, «La Razón, ATB, Full TV, Extra, Gravetal, PAT, Ferroviaria Oriental y Doppelmayr».»Podemos ver ahí en las imágenes que el empresario Carlos Gill Ramírez, empresario favorito del Gobierno (de Morales), se ha beneficiado con contratos con el Estado boliviano por más de $us 1.000 millones», apuntó Gonzales.La senadora aseguró que Gill utilizó «mecanismos de extorsión» mediante el «Servicio de Impuestos Nacionales, el Ministerio de Trabajo, la Aduana Nacional, la Autoridad de Empresas, la Fiscalía General y el Órgano Judicial. Además de (ejercer) la fiscalización constante y multas exorbitantes en procesos legales con amenazas de detención preventiva en contra de los propietarios de estos medios de comunicación».»La adquisición de estos medios de comunicación se ha hecho a través de complejas estructuras comerciales, en las que han intervenido Carlos Gill y sus familiares, así como Marcelo Hurtado Sandoval y abogados de la firma Salazar y Salazar», reveló.»Es por eso que en las próximas horas voy a presentar una denuncia penal adjuntando toda esta documentación ante el Ministerio Público, para que haga una investigación inmediata sobre estas olas extorsivas y delincuenciales, porque claramente aquí está demostrado de que ha existido un enriquecimiento ilícito sobre la base de coacción y extorsión», anunció la legisladora.ABI / Bolivia Digital