La secretaria Jurídica de la Alcaldía de Cochabamba, Rocío Peñaranda, señaló este lunes que el proceso de contratación de comida para los policías y militares está enmarcado en el Decreto Supremo No. 4200, de emergencia sanitaria, por tanto no se necesita presentar el certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
También indicó que, el precintado de tres oficinas de la Dirección de Contrataciones atenta contra la salud pública de todos los cochabambinos. «No es correcto lo que hizo la Fiscalía, si ya ha recogido toda la documentación que se necesitaba para hacer la investigación qué sentido tiene precintar. Además, la carpeta no se encontraba en todo los pisos. Se está perjudicando en la contratación de insumos médico y profesionales para la salud», dijo Peñaranda.
La secretaria Jurídica lanzó esas declaraciones al inspeccionar la dirección de Contrataciones junto con una notaria y señalando que su cierre es un atentado contra la salud pública en un momento en que hay emergencia sanitaria por el coronavirus.
Allanamiento
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Ayer la Fiscalía de Cochabamba allanó las oficinas de Contrataciones del municipio para investigar la licitud del contrato que firmó el municipio con el restaurante Bunker para la alimentación de policías y militares, cuando la empresa no presentó el RUPE, un requisito indispensable para tener contratos con el Estado. La orden de compra es por 488 mil bolivianos para cerca de 34 mil raciones, cada una a Bs 14, durante 15 días.
El Decreto Supremo No. 4200 establece que las entidades territoriales autónomas podrán “dotar de carburantes, alimentos, transporte y otros inherentes a las necesidades de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y servicios de salud, previa solicitud de los Ministerios de Defensa, Gobierno o Salud, que se encuentren desplazados en su jurisdicción a fin de asegurar el mantenimiento del orden”.Antes, el alcalde José María Leyes declaró en la red ATB que la empresa cuenta con el RUPE, porque ya tuvo contratos anteriores con el Estado. Sin embargo, no exhibió el documento.
El concejal Edwin Jiménez, parte denunciante en la Fiscalía, manifestó que el hecho de estar en una emergencia como la pandemia Covid-19 o coronavirus no significa que se gasten los recursos sin control.
Fuente: lostiempos.com