El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, aseguró el domingo que el Órgano Judicial no volvió al trabajo pese a que se flexibilizó la cuarentena y paralizó al menos 60 casos de corrupción del Movimiento Al Socialismo (MAS), los mismos en total significan un daño al Estado de alrededor de USD 783 millones; ante esa situación, el Gobierno advierte con iniciar procesos legales por incumplimiento de deberes y retardación de justicia.
«Son 783 millones de dólares en estos 60 casos en la gestión del expresidente Evo Morales tlos cuales siguen parados, no hay voluntad del Órgano Judicial, lo que pasa es que se necesita que el poder judicial esté activo», dijo la autoridad durante una entrevista en el programa Primero la Verdad, transmitido por Bolivia TV.
Desde el ministerio público. La Fiscalía General del Estado, mediante un instructivo del 21 de marzo, ordenó a los fiscales departamentales designar fiscales de materia de turnos permanentes de 08.00 a 13.00 para la atención de casos graves, relevantes o en flagrancia y aquellos que requieran atención inmediata durante la cuarentena, situación que provocó la suspensión de casos anteriores.
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El Ministerio Público reanudó sus actividades la anterior semana, pero los juzgados aún permanecen cerrados.
Melgar explicó que existe un principio en la Constitución Política del Estado (CPE) y el Procedimiento Penal que se denomina «control jurisdiccional» que realiza un juez para «que garantice el derecho a la defensa», pero si no lo hay no se inicia la investigación.
Precisó que son 60 los casos que son investigados provenientes del Gobierno del expresidente Evo Morales, los que estaban siendo investigados y quedaron paralizados por falta de voluntad del Órgano Judicial.
Citó como ejemplos el caso de los taladros chinos donde está en juego la recuperación de USD 60 millones; Fondo Indígena, USD 170 millones; caso neuronas, USD 13 millones; helicópteros chinos, USD 108 millones; Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), USD 60 millones; Dora Vallejos, USD 150 millones; y el caso del fraude electoral, USD 217 millones.
Un tiempo perentorio. Melgar adelantó que el Gobierno esperará hasta el martes, 23 de junio, a que reanude el Órgano Judicial su trabajo, y que en caso de que siga rehusándose a dar continuidad a estos procesos se iniciarán procesos penales por incumplimiento de deberes y retardación de justicia.
«Nosotros vamos a esperar hasta el día martes, si siguen con sus peleítas esas internas, nosotros como Órgano Ejecutivo tenemos que brindarles las garantías a las personas de que en este país hay justicia e iniciaremos estos procesos», remarcó.
A su juicio, existen formas y mecanismos con los cuales el Órgano Judicial podría retomar su trabajo, ya que en muchos casos no se requieren de una audiencia.
«El juez puede llevárselo a su casa y sacar su sentencia, y el que tiene audiencia que se haga de manera virtual, las asistencias familiares las pueden hacer desde sus casas, ellos tienen todos los mecanismos tecnológicos para hacer funcionar la justicia», agregó.
Fuente: https://www.eldia.com.bo