El suicidio de un sacerdote acusado de violación volvió a poner sobre la mesa las denuncias de abusos que pesan sobre numerosos miembros de la Iglesia católica en Chile. Víctimas acusan lentitud en las investigaciones.
«Los elementos indican que se trata de una herida autoinferida”. Con la frialdad típica de este tipo de reportes, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) confirmó el domingo 19 de julio el hallazgo del cuerpo sin vida del sacerdote Tito Rivera Muñoz, de 68 años, quien estaba con arresto domiciliario mientras se realizaban las investigaciones por una denuncia en su contra por la violación de un hombre de 43 años. El suyo era uno de los casos más recientes y mediáticos que vinculaban a un miembro de la Iglesia católica con acusaciones por abusos sexuales.
El caso de Rivera, cuyo deceso mereció un comunicado de un párrafo del Arzobispado de Santiago, es icónico, porque la Iglesia realizó una investigación interna de la que nunca se habría tenido noticia si no fuera por las pesquisas del fiscal Emiliano Arias. Rivera, en tanto, pidió la dispensa sacerdotal al papa Francisco en 2019. En tanto, su presunta víctima, Daniel Rojas, intentó ser desacreditada por la defensa del sacerdote ante la Justicia, una vez que Rojas presentó el caso ante los tribunales.
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Ese fue precisamente el comportamiento que tuvo siempre la Iglesia católica ante las denuncias de abusos, dicen las víctimas y expertos: ocultamiento, desacreditación, sanciones menores. La suma de casos logró hacer tambalear a una institución otrora poderosa dentro de la sociedad chilena y actualmente se cuentan por decenas las denuncias en la fiscalía. El problema es que las investigaciones parecen estar detenidas, como denuncia Helmut Kramer, portavoz de Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico.
Protestas contra la jerarquía eclesiástica en Osorno, donde los feligreses pedían la salida del obispo Juan Barros, acusado de ocultar abusos.
«La Justicia se olvidó”
«Cuando los casos pasan de manos del fiscal Arias al fiscal Xavier Armendáriz, se pierden del radar. Con Arias había noticia de cifras de sacerdotes denunciados, por ejemplo, o cuando llegaba una nueva víctima a nuestras oficinas, hacíamos el vínculo con los asesores del fiscal para hacer la denuncia. De Armendáriz lo único que vemos es su cara por las fotos que aparecen en la prensa”, explica Kramer, que sostiene que este problema viene desde antes del estallido social, en octubre de 2019.
«Muchos casos están siendo investigados a nivel eclesiástico y muchos otros en el aparato público, que ha estado medio apartado por la actual realidad chilena”, dice el doctor en Historia y académico de la Universidad Católica, Marcial Sánchez. «Muchos de estos casos están en los anaqueles de las diferentes fiscalías”, añade. A la complejidad de las investigaciones, se suma algo que Kramer califica de «olvido”. «Con Arias se allanaron oficinas de la Iglesia, pero hoy no pasa nada de eso. La sensación que tenemos es que, con la entrega de los casos a Armendáriz, la Justicia se olvidó de nosotros”.
Kramer cuenta que en su momento lograron reunirse con el fiscal nacional, Jorge Abott. «Mostró disposición a avanzar, habló de invitarnos a alguna actividad… solo palabras de buena crianza, en la práctica, nada. Yo diría que, en general, hemos sentido que los órganos del Estado han sido indolentes frente a estos temas. Si me preguntan cómo avanza la Justicia, no sabemos, tengo que decir que no tenemos idea. No hemos visto nada”.
Institución otrora poderosa
«La Iglesia católica, hasta la década de 1990, tenía un fuerte arraigo social, con mucha aceptación y una Conferencia Episcopal que gozaba de mucha credibilidad. Era una institución capaz de integrarse a los asuntos de la vida de la feligresía. A eso se sumaba el poder económico. Imagínate: poder económico, político y social… era una institución que podía hacer y deshacer en la sociedad chilena”, explica Sánchez. Coincide con él Juan Guillermo Prado, escritor e investigador de temas eclesiásticos, quien sostiene que las denuncias por abusos sexuales ayudaron a destruir esa imagen. «La Iglesia fue respetada en tiempos de dictadura, pero hoy carece de prestigio. Antes, la Conferencia Episcopal se pronunciaba sobre temas contingentes, pero ahora pasa inadvertida”, explica el autor de «María dentro y fuera de la Iglesia”.
Durante el estallido social, las iglesias fueron objeto de ataques, un escenario impensable hace 30 años.
«Tras el fin de la dictadura llega a la cima de la Iglesia el cardenal Francisco Javier Errázuriz, quien impone una impronta conservadora y de boato vaticano que aleja a la Iglesia de la gente. Y al alejarse de la gente, se convierte en una Iglesia de encubrimiento”, explica Sánchez, para quien en la actualidad la Iglesia católica no juega ningún rol en la sociedad. «Es nula social y políticamente. La gente ve a la jerarquía como parte del problema. Antes de que partiera la pandemia, nadie iba a misa en Chile, porque la Iglesia provocó su propia anulación por los actos ilícitos que cometió contra niños y adultos vulnerables”, dice el historiador.
«La reacción ante las denuncias de abusos no fue la adecuada. Se ocultó, se minimizó, se desacreditó a los denunciantes. La Iglesia perdió en los tribunales y el clero no es creíble. No tengo ninguna duda de que las denuncias continuarán y la Iglesia quedará cada vez más sola”, estima Prado. Kramer comparte el juicio: «La Conferencia Episcopal sacó dos declaraciones tras el estallido social, y nadie se enteró, porque a nadie le importa. Si miramos los templos, veremos que están todos rayados con insultos a la Iglesia. La Iglesia católica quedó en una situación de absoluta desventaja. Y no fue por culpa de otros, sino por culpas propias”. (few)