No es solamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en lo referente a la detención de Uribe lo que genera expectativas sobre la solidez del actual Gobierno colombiano. Ya han ocurrido un conjunto de decisiones institucionales, sumadas a la alta conflictividad que se vivió a finales de 2019 y a la derrota electoral del uribismo en el mismo año, que hacen ver que Colombia esta viviendo un proceso de transición hacia otro modelo político.
El uribismo visto desde la izquierda latinoamericana como un conglomerado godo, paramilitar y narcotraficante solo vislumbra una cara de la moneda. Hay que contemplar que, por más formas de cooptación que utilice, ha sido un fenómeno electoral y político que lleva casi 20 años de hegemonía y que hay que comprender si se quiere superar.
Si bien el uribismo no pudo vencer la altísima abstención que hay en Colombia, sí pudo asegurar el voto mayoritario. Y eso es algo que ha podido mantener desde el 2002 hasta el 2018, sin muchos peligros en este terreno. Además, ha sobrevivido ya a tres presidentes y este es el quinto período electoral que gobierna.
Esto quiere decir que las políticas de Uribe, su procedencia y sus escándalos han contado con legitimidad. Una legitimidad enrarecida por la situación de guerra interna y por la alta abstención, que va desde el 45 % al 55 % en diversas presidenciales, pero legitimidad al fin y al cabo. Esto significa que para gobernar, el uribismo ha contado con una mayoría abrumadora de votos.
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Esto es lo que parece que está cambiando. Pero ¿hacía dónde?
Si en su mejor momento, en las presidenciales de 2006, Uribe sacó 7.397.835, el actual presidente, Iván Duque, del partido Centro Democrático (fundado por Uribe), en 2018 sacó 10.398.689. Aunque bajó en porcentaje de votos, mantuvo su crecimiento en cantidad de votantes, lo que es un logro a pesar de las divisiones internas al uribismo, incluida la zanjada con el expresidente Santos.
El régimen uribista está caracterizado por un sistema de alianzas hegemónicas que tributan hacia EE.UU., y que se sostiene por la perpetuación del conflicto armado interno, con el que se pretende justificar un orden extra legal
Todo ello en medio de escándalos de todo tipo y del uso grotesco de la fuerza para abatir a su principal enemigo: las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El régimen uribista está caracterizado por un sistema de alianzas hegemónicas que tributan hacia EE.UU., y que se sostiene por la perpetuación del conflicto armado interno, con el que se pretende justificar un orden extra legal.
Al perder importancia el conflicto armado, producto de la firma de la paz con las FARC en 2016, los flujos de conflictividad política se vienen moviendo hacia agendas de mayor contenido social y menos ideológico. Emerge la protesta social, especialmente la urbana, lo que descuadra las formas tradicionales con las que se venía configurando la política, que tenía como escenario central la lucha armada rural, o bien en los propios enfrentamientos o bien en las mesas de negociación, pero siempre en torno a las guerrillas y especialmente a las FARC.
Una vez concretada la pacificación de las FARC, a quien la opinión pública y los gobiernos de EE.UU. achacaban toda la culpa de la violencia y el tráfico de drogas, entonces cabe la pregunta sobre quién exporta ahora la droga, cuáles sectores mantienen el conflicto armado, por qué Colombia no termina de producir otra imagen de sí y quién es ahora el culpable de todo esto.
La sincera expresión de Trump en abril de 2019, cuando cuestionó a Duque debido al aumento del tráfico de drogas, sonroja y apena a las élites económicas, que en el caso colombiano son las mismas élites políticas.
La transición hacia el posturibismo significa entonces, por un lado, que existe la emergencia de una alternativa progresista con opciones de llegar al poder por la vía electoral, pero también un reacomodo de las élites tradicionales que quieren dirigir un país que no se muestre desnudo en las series de Netflix o televisión que el planeta observa todas las noches y que hacen ver al país como un territorio de impunidad, sangre y descontrol.
El cúmulo de acontecimientos que se han producido en la política colombiana los últimos meses son claves que permiten comprender la decisión de la Corte y los próximos sucesos que irán ocurriendo:
1. Quiebre interno del bloque hegemónico
La ruptura de Uribe con la partidocracia tradicional hay que entenderla como la emergencia de un populismo de derecha que rehizo a su manera el sistema de alianzas entre las oligarquías, los grupos en ascenso signados por la ilegalidad de la principal riqueza y sectores populares.
Uribe ha sido una excepción como mandatario, en tanto no es el típico oligarca con apellido de renombre al que acostumbramos ver presidiendo Colombia, sino una propuesta de derecha diferente que permite producir un liderazgo populista de derecha que desestabilizó el sistema tradicional de partidos. Con Uribe llegan al poder los sectores emergentes colombianos que era rechazados por las oligarquías históricas.
Con la fricción entre Juan Manuel Santos, expresidente que ganó en dos períodos impulsado por los votos del uribismo, y Uribe, la alianza con las oligarquías se resquebrajó. La firma del acuerdo de paz hizo ver que había una clase dirigente que quería producir otra imagen para Colombia que no fuera la violenta, que se impuso durante la guerra interna existente por varias décadas, pero que llegó a su clímax entre la década de los ’90 y principios de este siglo.
El resultado hasta ahora es que Santos tiene un Premio Nobel y Uribe casa por cárcel. Aunque, siempre hay que tenerlo presente, Uribe ganó el plebiscito contra todos.
La ruptura de Santos y Uribe, cada vez más manifiesta, es la de la clase oligárquica histórica y la clase oligárquica emergente.
Pero a su vez, el uribismo viene agrietándose internamente entre muchas fracciones, como el uribismo radical de Fernando Londoño, por ejemplo, y otro más ‘light’ entre los que se encuentra gente allegada a Santos, a los partidos, a otras familias de renombre y a poderes en los territorios.
Esta grieta se ensanchó y se hizo pública a partir de las regionales de 2019, en las que el principal derrotado fue, por primera vez, el uribismo.
Esta situación interna al uribismo y al bloque histórico oligárquico está facilitando un conjunto de decisiones institucionales que van preparando el marco legal y normativo del posturibismo.
2. La reacción institucional
El conjunto de decisiones que estamos viendo en diversas instituciones, y que llega a su punto máximo con la reciente decisión de la CSJ que determina la prisión en casa de Uribe, es reflejo de esa fisura interna al bloque de poder dominante.
En el mes de junio, el Tribunal de Cundinamarca, el presidente del Senado, Lidio García Turbay (cercano al uribismo), y el Consejo de Estado confrontaron al presidente Duque debido al ingreso de tropas estadounidenses a tierras colombianas.
Esto quiere decir que el reposicionamiento institucional contra la impunidad con que gestiona el uribismo, no es una respuesta de la izquierda, quien también ayuda, sino sobre todo representa un crujir de las alianzas que han sostenido al uribismo.
Estas decisiones pueden comenzar a verse no como un escándalo más, sino como un signo de fortaleza del estado profundo colombiano, tanto liberal como conservador, que quiere lavar la cara de la guerra
De todo este reposicionamiento que estamos viendo, Colombia, su institucionalidad y hasta su liderazgo salen bien parados. Es decir, estas decisiones pueden comenzar a verse no como un escándalo más, sino como un signo de fortaleza del estado profundo colombiano, tanto liberal como conservador, que quiere lavar la cara de la guerra. Como una especie de embudo que va a tratar de dirigir el país hacia un régimen democrático-legal que ya tendría que ser catalogado de posturibismo.
Por eso Duque reacciona proponiendo una reforma de la Justicia colombiana. Es una guerra por la perpetuación en el poder. Pero ahora la guerra no es en el monte, sino en los tribunales, y esa es la verdadera noticia.
En comparación con España, donde el rey se desaparece para no afrontar cargos legales, en Colombia, en cambio, la Corte impone casa por cárcel y el líder del movimiento hegemónico la acata.
Las instituciones se van oxigenando para hacer frente a la situación normativa-legal que ha dejado la secuela de la guerra.
3. Derrota electoral del uribismo (2019)
Debido a la importancia electoral y popular del uribismo, es clave entender que su mayor escollo no está en los innumerables escándalos con que la opinión pública se ha acostumbrado a relatarle. La principal debilidad del uribismo se mostró con la derrota electoral de las regionales de octubre de 2019, porque enseñó que ya no era ese movimiento invencible, sino que venía en descenso y podía ser derrotado en el terreno donde es más duro: el electoral.
Ya Gustavo Petro había mostrado una alternativa electoral de ancha base al uribismo con más de 8 millones de votos en las presidenciales de 2018.
Pero en las regionales de octubre, el partido de Uribe y sus aliados perdieron importantes territorios y el uribismo quedó como una minoría más en cuanto a la repartición de gobernaciones, perdiendo varios de sus feudos. Esos resultados hicieron estallar la división entre el uribismo radical, el gobierno y un uribismo más pragmático relacionado con movimientos regionales y otros partidos políticos.
De esta forma se sacude el gobierno y se generan las condiciones para la irrupción de un movimiento popular de protesta contra el uribismo. Pero, además, abre el escenario de una transición pacífica de cara a las presidenciales de 2022.
4. Protestas inéditas de finales de 2019
A las semanas de los resultados electorales, ya en noviembre, comenzaron largas jornadas de protestas de toda índole, desde cacerolazos en urbanizaciones hasta saqueos en ciudades, incluyendo marchas y protestas violentas, que llegaron al clímax hacia finales de año con la realización de paros nacionales.
Un estallido social como el de noviembre y diciembre no se había visto hace muchas décadas en Colombia. La movilización logró una articulación de diversos sujetos politizados, como estudiantes y campesinos, con masas populares no acostumbradas a movilizarse políticamente, especialmente las mayorías urbanas, que siempre estaban a la sombra del conflicto central colombiano.
Pero esta situación inédita de protestas y condiciones generales no garantiza el triunfo electoral de la izquierda o de una articulación antiuribista. El uribismo sigue siendo una fuerza electoral que podría reacomodarse y volver a ganar incluso si se produjera una alianza entre derecha e izquierda en contra del movimiento.
5. El fin del conflicto central con las FARC
Es imposible entender el escenario posturibista sin analizar el fin del conflicto con las FARC, un movimiento guerrillero que se preparó militarmente para tomar el poder en Colombia y durante largos años controló buena parte del territorio colombiano donde el Estado era prácticamente inexistente.
Concretados los acuerdos de paz, el estado de guerra y las prácticas bélicas para hacer política, como el asesinato de líderes de oposición y periodistas críticos, así como la represión hacia poblaciones enteras que eran influenciadas por las FARC, han venido perdiendo el halo de impunidad que tenían.
El principal aliado del uribismo, las fuerzas militares de EE.UU., ha comenzado a tener problemas para perpetuar su influencia en el país
A su vez, la alianza con EE.UU., que se creía firme, no ha contado con la aquiescencia de sectores que anteriormente eran proclives a recibir tropas y otras ayudas para combatir las FARC.
En fin, el principal aliado del uribismo, las fuerzas militares de EE.UU., ha comenzado a tener problemas para perpetuar su influencia en el país.
La Colombia del uribismo se convirtió en la cabeza de playa del Ejército estadounidense para América Latina, y especialmente para confrontar el auge del chavismo en Venezuela, pero también de toda la izquierda en la región, como Rafael Correa en Ecuador y Lula da Silva en Brasil. Mientras el progresismo avanzaba en América Latina, el uribismo aferraba a Colombia a las políticas conservadoras y de derecha.
Toda esta situación, agravada por las consecuencias de la guerra social, recomponen el cuadro institucional y político para intentar crear condiciones que pasen página al conflicto y permita el desarrollo político postbelicista.
Sin el conflicto con las FARC, pierden sentido las bases bélicas de la cooperación entre los gobiernos de Colombia y los de EE.UU.
Ociel Alí López
Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.
–Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT–