No acudió. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no se presentó este miércoles a la interpelación que dispuso la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la compra de armamento no letal con presunto sobreprecio.

Ante esa situación, la mayoría de senadores y diputados del MAS dispuso la censura de la autoridad y exige a la presidenta Jeanine Áñez que se proceda a su destitución, tal como establece el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Algo similar sucedió en su momento con el ministro de Defensa, Fernando López, que tampoco compareció ante esa instancia, fue apartado de sus funciones, pero pocas horas después volvió a ser posesionado.

Sin embargo, a mediados de septiembre, la presidenta de la Cámara Alta promulgó la ley que regula los efectos de censura de una autoridad del Ejecutivo, estableciendo que una autoridad destituida por disposición del Legislativo no pueda asumir un cargo público en tres años.

La norma puesta en vigencia por Copa establece que la jefa de Estado tiene un máximo de 24 horas, tras haber conocido de manera formal sobre la censura, para apartar de su cargo a un ministro; sin embargo, esa norma fue enviada a consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que aún no emitió una decisión.