Independencia y experticia: Especialistas en derechos humanos indagarán los hechos de 2019 por seis meses
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Foto: Periódico Bolivia
Fuente: Periódico Bolivia
Karem Mendoza G. / Bolivia
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El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) arribó al país, en cumplimiento del acuerdo suscripto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional el pasado 2 de diciembre de 2019, para iniciar las investigaciones a los hechos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado y permanecerán por seis meses.
«La CIDH ha constituido este grupo interdisciplinario de expertos independientes, no depende de la Comisión. (…) Los hechos que se investigan son todos los hechos vinculados a violencia y violaciones de derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019», explicó el ministro de Justicia, Iván Lima.
La autoridad aclaró que la pesquisa abarcará no solo las masacres en Senkata y Sacaba sino los hechos suscitados en la ciudad de Santa Cruz, Potosí y otros lugares del país donde hubo alguna violación de los derechos humanos o un hecho de violencia.
Según el comunicado del organismo, el GIEI-Bolivia trabajará de manera independiente e imparcial. Además, programará encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil respetando las normas sanitarias de cuidado que exige el contexto de pandemia.
Los especialistas recurrirán a cualquier fuente de investigación que considere relevante, al igual que la información que le proporcionen sus contrapartes en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil boliviana.
El informe preliminar con 16 recomendaciones de la Comisión calificó de “masacres” a las represiones militares en diferentes localidades del país. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de El Alto espera que los especialistas ratifiquen el documento.
El Grupo Interdisciplinario está compuesto por los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Jaime Vidal fungirá como Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia.
PERFILES
Juan Méndez (Argentina) dedicó su carrera legal a la defensa de los derechos humanos. Fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y Presidente de la CIDH.
Se desempeñó como Comisionado Adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante 15 años, trabajó con Human Rights Watch en asuntos de derechos humanos, en el hemisferio occidental. Es profesor de Derecho de los Derechos Humanos en la American University – Washington College of Law.
Juan Méndez, exrelator especial de la ONU para la tortura. Foto: ONU
Magdalena Correa Henao (Colombia). Foto: RR.SS.
Magdalena Correa Henao (Colombia) es doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Económico. Es asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector de Colombia. Actualmente es catedrática e investigadora universitaria, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.
Julian Burger, profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex.
Julian Burger (Reino Unido) es profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Reino Unido). Impartido cursos de Derechos Humanos en instituciones como la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
Durante más de 20 años dirigió el programa sobre los pueblos indígenas y las minorías en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, donde fue responsable de las negociaciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ayudó a establecer el principal mecanismo de garantía relacionados con los pueblos indígenas.
Marlon A. Weichert (Brasil)
Marlon A. Weichert (Brasil) es Fiscal federal en Brasil desde 1995. Actualmente ejerce como Procurador Federal Adjunto de los Derechos del Ciudadano.
Es especialista en justicia transicional, seguridad pública, derechos humanos y empresas, y prevención de atrocidades masivas. Participó como experto en casos ante la Corte-IDH y la CIDH sobre justicia transicional y seguridad pública.
Fue parte de equipos de investigaciones y enjuiciamientos relacionados con crímenes con violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Brasil e inició el programa para buscar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada.
Patricia Tappatá Valdez (Argentina) es directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos – UNESCO, con sede en Buenos Aires. Trabajó para la defensa de los Derechos Humanos en Argentina, El Salvador, Haití y Perú.
Se desempeñó como directora de la Comisión de la Verdad para El Salvador que investigó el conflicto armado de ese país. Fue consultora del PNUD en Haití para investigar los graves hechos de violación de los derechos. Es miembro de la facultad de LLM en Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Patricia Tappatá Valdez (Argentina). Foto: CIPDH
Jaime Vidal Melero es Coordinador de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la CIDH y fungirá como Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia. Es Abogado de derechos humanos y ex-asesor legal para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
PROTOCOLO
A un año de las masacres en diferentes localidades del país y en memoria de los fallecidos, el Gobierno firmará hoy un protocolo con la Comisión Interamericana para garantizar una investigación imparcial y sin injerencia política de los hechos ocurridos en 2019, durante las represiones postelectorales entre septiembre y diciembre de ese año.
“Ellos solo buscan una cosa: justicia. Como Estado boliviano y Gobierno democráticamente electo estamos convocando a la CIDH el lunes para firmar un protocolo y que realicen una investigación de manera imparcial y para que no digan que existe injerencia política”, sostuvo el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo.
El Gobierno se comprometió con las víctimas para viabilizar y activar los mecanismos necesarios a fin de que exista justicia para los muertos, heridos y detenidos.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, anticipó que entregarán la información necesaria a la Comisión para colaborar en las investigaciones.