Baldwin Montero / La Paz

La investigación por terrorismo, sedición y conspiración que comenzó por los sucesos que en noviembre de 2019 derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales activó la alerta migratoria contra el exdirigente cívico cruceño Luis Fernando Camacho y otras cinco personas.

En los próximos 20 días los acusados serán convocados a declarar, al igual que Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, aunque estos últimos en calidad de víctimas del que consideran que fue un golpe de Estado, tal como la denunciante Lidia Patty,  exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Dentro del inicio de investigaciones consignan el señor Evo Morales y el señor Álvaro García Linera como víctimas. En todo caso, el Ministerio Público, como corresponde en todos los casos, también necesita la versión de la víctima y, en ese marco, también se va a tener que contar con la declaración de estas personas”, anunció en una conferencia de prensa el fiscal Omar Mejillones.

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Lo hizo tras confirmar la admisión de la demanda e inicio de investigaciones contra Camacho, su padre Luis Fernando Camacho Vaca; el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Carlos Kalimán Romero; el excomandante de la Policía Boliviana, Vladimir Yuri Calderón Mariscal; el exjefe de Operaciones de las Fuerzas Armadas, Sergio Carlos Orellana Centellas;  y el exjefe del Estado Mayor Flavio Castro Arce San Martín.

La acción legal, que en una primera instancia había sido rechazada porque Patty no individualizó las pruebas sobre los delitos en contra de los demandados, especifica que las acusaciones son “por los hechos ilícitos de terrorismo (artículo 133 del Código Penal), sedición (artículo 123) y conspiración (artículo 126), que han causado conmoción social en nuestro país”.

Según  Mejillones, en los próximos 20 días se tomarán declaraciones a las dos partes y se recabarán pruebas relacionadas con las denuncias, para determinar si existe materia justiciable.

El fiscal precisó que el período de tiempo que se investigará abarcará del 19 de octubre de 2019, un día después de las elecciones generales, hasta el día en que Morales renunció al cargo, el domingo 10 de noviembre.

Las protestas en ese tiempo comenzaron en rechazo al fraude electoral que inicialmente advirtieron las comisiones de observadores electorales que llegaron al país, lo que posteriormente confirmó la Organización de Estados Americanos (OEA) en un informe vinculante elaborado a solicitud del propio Morales.

Entre el 19 de octubre y el 10 de noviembre de ese año las protestas contra el fraude electoral aumentaron, mientras el Gobierno alentó la defensa civil de su denominado “proceso de cambio” en las calles, con el argumento de  que había un plan golpista en marcha.

Ante el aumento de la violencia en las calles, los jefes de la Policía Boliviana  y de las FFAA sugirieron a Morales que renuncie al cargo, lo que finalmente hizo el 10 de noviembre.

La demanda presentada por la exdiputada  Patty considera que lo que hubo fue terrorismo, sedición y conspiración, en la línea gubernamental que insiste en la versión del golpe y rechaza que el origen de la renuncia de Morales haya sido el fraude.

Horas antes de que Mejillones anuncie que se activó la alerta migratoria contra los seis procesados, la exlegisladora se presentó en la Fiscalía para anunciar que estaba presentando esa solicitud. “Estoy presentando requerimiento migratorio para las personas señaladas en mi anterior memorial… para que no se escapen como (Arturo) Murillo (exministro de Gobierno)”, dijo.

Poco después el fiscal confirmó la activación de la alerta: “En relación a la alerta migratoria sí se ha hecho efectiva, esto simplemente para asegurar la presencia de quienes están siendo sindicados en el hecho que estamos investigando dentro del desarrollo del proceso”.

Patty insistió en que decidió solicitar esta medida para evitar que estas personas dejen el país, tal como lo hicieron exministros de la gestión de Jeanine Añez. Anunció además que en este proceso serán parte la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado (PGE).

Cuando la exdiputada presentó por primera vez su denuncia penal contra Camacho, el excívico cruceño aseguró en un mensaje en sus redes sociales que él nunca cometió un delito contra la seguridad y la unidad del país.

“Niego enfáticamente, además, haber participado en algún golpe de Estado; es más, en Bolívia en noviembre del pasado 2019 no existió golpe de Estado, sólo existió un pueblo que se rebeló ante un descomunal fraude electoral, reconocido por el propio Evo Morales que anuló las elecciones; existió además la renuncia del Presidente y operó una sucesión constitucional”, escribió en su cuenta en Facebook.

“Por lo tanto, la figura de ‘golpe de Estado’ está sólo en la imaginación masista. Ya lo he manifestado, si han decidido iniciar un proceso en mi contra, no voy hacer como hizo Evo que huyó del país; voy a asumir mi defensa como corresponde, con la frente en alto y la conciencia limpia de no haber hecho nunca nada ilegal, ni traicionar a mi pueblo”, agregó.

Por el contrario, el presidente Luis Arce y sus ministros insisten en señalar que recibieron el Gobierno de manos de una administración de facto encabezada por Añez, sobre quien también pesa la amenaza de un juicio.

 

Investigan a tres militares por asesinato

Tres militares que en noviembre de 2019 actuaron en asuntos relacionados con la denominada “masacre de Senkata”, en la ciudad de El Alto, son procesados por los delitos de asesinato, homicidio y lesiones graves y leves, informó ayer Wálter Lora,  fiscal de materia.

“Se está investigando a generales que en su momento han sido los encargados de  los operativos. Se los va a citar de acuerdo a cronograma, conjuntamente la comisión de fiscales (…) La investigación se inició por los delitos de asesinato, lesiones graves y leves y también homicidio”, informó. No los identificó.

Anunció además que en los próximos 10 días se conocerán los resultados de la reconstrucción pericial balística y perimétrica que se realizó la anterior semana para determinar el origen y trayectoria de las balas en los hechos ocurridos en esa zona en noviembre de 2019.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, reiteró ayer la demanda del Gobierno para que las FFAA otorguen toda la información necesaria que ayude a esclarecer lo que ocurrió en Senkata a fines de 2019. “Estamos en la obligación de aportar con todas las pruebas que se tengan”, dijo.

Un día antes, el presidente Luis Arce pidió a la institución castrense facilitar “información para esclarecer los sucesos ocurridos” en esa zona de El Alto.