Fuente: Página Siete
Hace unos días publiqué en este mismo periódico el artículo “El estatismo imprudente de Luis Arce”, el cual ha merecido una respuesta del ministro de Economía, Marcelo Montenegro (“Fariseos de la economía”).
Mi opinión sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) no se debe a una razón personal y mucho menos a una supuesta falta de solidaridad con el país. El Ministro no debe saber que este año, de forma totalmente voluntaria, hice una donación personal para la lucha contra el COVID de un millón de bolivianos. En cambio, lo que sí tendría que saber es que, luego de que el gobierno de Evo Morales me expropió sin indemnización más de 50 millones de dólares, no solamente no me fui del país, sino que seguí invirtiendo en él. Tal es el grado de compromiso que yo y mi familia tenemos con Bolivia. Por eso siempre hemos gastado al menos el 10% de nuestras utilidades en proyectos sociales y de filantropía.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Pienso que el IGF es un impuesto político antes que económico, porque, según la ley que lo sustenta, solo va a recaudar 15 millones de dólares y al mismo tiempo está sacando mucho dinero fuera del sistema financiero. No favorece a la economía, pero puede servir para que Luis Arce se muestre como un presidente de izquierda.
En todo caso, el punto principal de mi artículo no es este impuesto. Creo haber demostrado que el actual gobierno está desesperado por sacar recursos del sector privado (ha generalizado el Aporte Adicional del IUE a todo el sistema financiero, ha suspendido las facilidades tributarias por la pandemia) y del sector público (ha centralizado más que nunca los gastos estatales en el nivel central) para financiarse a sí mismo y a las empresas estatales. Esta tendencia expresa un sesgo ideológico peligroso, porque en tiempo de crisis lo que un país debe hacer es priorizar la inversión creadora de empleo y no el aumento de la burocracia estatal, que por definición es improductiva. Está demostrado que la inversión de gobernaciones y municipios genera muchos más empleos que la inversión nacional.
El MAS debería rendir cuentas (y no estoy hablando de juicios, sino del debate democrático) sobre la ingente cantidad de dinero que ha extraído del sector privado y ha entregado al sector público para gasto insulso o cuestionable o ineficaz. No todo el gasto público es innecesario, por supuesto. Necesitamos salud, educación, cultura, los servicios que los privados no desean o no pueden prestar. Necesitamos redistribución de la riqueza a través de bonos y programas sociales. Pero, ¿también necesitamos gastar 35 millones de dólares cada año en pérdidas de la planta de urea, que no es competitiva simplemente porque así lo decidió el presidente Morales, pese a que en su momento le advertimos de lo que pasaría con sus malas decisiones
Para terminar, unas palabras sobre la sorprendente afirmación del ministro Montenegro de que en los 14 años de Evo ellos gobernaron pensando en el sector privado, y por tanto los que criticamos sus medias anti-empresariales somos “políticos” que hablamos falsamente en nombre de los empresarios. En primer lugar, yo no hablo en nombre de nadie; mi opinión es solamente mía. En segundo lugar, no hago oposición porque haya sido parte del gobierno de Jeanine Añez. Ni yo ni mi partido fuimos parte de este gobierno, aunque nos aliamos a Juntos desde febrero hasta septiembre de 2020. Creo que la política económica de Añez tenía una orientación correcta, pero fue más teórica que práctica, a causa de la pandemia, del carácter del gobierno interino y de la excesiva rotación de ministros.
No dudo de que los bolivianos saben que cuando Marcelo Montenegro dice que el MAS hizo mucho por los empresarios privados, que confió en ellos y los estimuló, está siendo hipócrita, con el debido respeto a su investidura. Por cierto, “hipócrita” es la traducción moderna de la palabra bíblica con la que él titula su artículo: “fariseo”.
Samuel Doria Medina es presidente de Unidad Nacional.