Rechazamos la tiranía del Movimiento Al Socialismo (MAS) que con una ley enmascarada de “emergencia” se apresta a criminalizar la protesta de los médicos y trabajadores de salud, el ejército uniformado de blanco que combate en primera línea a la pandemia en medio del colapso de los hospitales, por falta de recursos humanos y equipamientos.
En vez de fortalecer el sistema de salud con equipamientos, los métodos de diagnóstico de laboratorios rayos x y tomografías, implementar más unidades de terapias intensivas y garantizar a la ciudadanía el acceso a los medicamentos utilizados durante la hospitalización, el MAS implementa estrategias abusivas y atentatorias en contra de los profesionales y los trabajadores de salud de Bolivia.
En plena crisis sanitaria y la segunda ola de la Covid-19, la administración de Luis Arce busca vengar y escarmentar a los profesionales y los trabajadores de salud que protagonizaron protestas, junto a la ciudadanía, para derrotar el fraude perpetrado por Evo Morales, en octubre de 2019, que pretendía perpetuarse en el poder como Fidel Castro y Hugo Chávez. En cambio, los bloqueadores masistas, en agosto de 2020, que evitaron el suministro de oxígeno medicinal a los hospitales que provocó la muerte de al menos 30 pacientes con Covid-19, se encuentran cubiertos del manto de impunidad.
El Gobierno de Arce cuando debía asumir, desburocratizar y agilizar los procesos de contratación de los profesionales bolivianos en el área de salud decidió transferir su competencia a las gobernaciones y los municipios carente de los recursos económicos, menos reconoce el sacrificio y el riesgo de muerte que enfrenta el ejército de blanco en la “guerra biológica” donde muchos van cayendo silenciosamente; por tanto, el sector debe empezar a reivindicar mejores salarios, exigir el seguro de vida y tener la libertad de trabajar en dos instituciones ante la falta de los especialistas y así liberar de la prohibición del doble salario.
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Los coterráneos formados en el exterior también deben cumplir con la homologación de sus títulos como lo establece la legislación boliviana para cualquier ciudadano, pero los formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de Cuba y de Venezuela, patrocinados por el MAS, sin cumplir los requisitos que exige el Sistema Universitario Boliviano pretenden aprovechar y «legalizarse» a título de emergencia en la pandemia, apadrinados por el actual ministro de Salud, Jeyson Marcos Auza Pinto, promotor y presidente de la Confederación Médica Paralela de Bolivia, que defiende a los que no tienen títulos.
Incluso, pareciera que deliberadamente por semanas, el gobierno nacional inviabilizó la contratación de los compatriotas profesionales médicos para aprobar una norma con el rodillo autoritario del MAS, en la Asamblea Legislativa, con el fin de facilitar la contratación de los “médicos” cubanos y venezolanos, que durante el régimen de Morales se dedicaron a la infiltración política e ideológica, pero con jugosas dietas pagados con recursos de los bolivianos.
El MAS lleva en mano “palo y zanahoria”, trae 20.000 vacunas y hace un aparatoso despliegue como si hiciera un inmenso favor a los bolivianos cuando es deber del gobierno proteger a su población de la pandemia; empero, las 20.000 vacunas apenas abarcarían el 0,10 por ciento de la población boliviana; mientras, paralelamente en la Asamblea Legislativa gesta un garrote contra el ejército uniformado de mandiles blancos, en pleno repunte de la pandemia.
Transacción sospechosa. El gobierno central también prefirió negociar en confidencialidad la adquisición de las vacunas Sputnik V, luego informó la compra de 6.000 pero extrañamente hace aparecer 20.000 vacunas, días después anunció la reactivación de la planta nuclear de El Alto construida por Rosatom e inmediatamente en el Legislativo prioriza el pago de 62 millones de dólares a la empresa rusa; cuando Bolivia tiene todas las facilidades de adquirir los inoculantes mediante el mecanismo Covax, el plan internacional para distribuir las vacunas entre los países pobres y con absoluta transparencia; además, opta por acaparar la importación de los inoculantes en vez de viabilizar y facilitar a las entidades privadas la importación para ampliar el acceso y salvar más vidas. Como si fuera poco, en la ley látigo de “emergencia sanitaria” también tramita la cláusula de confidencialidad.
El derecho a la protesta de los trabajadores con suspensión de labores para la defensa de los derechos está amparado en el artículo 53, de la Constitución Política del Estado, el mismo refrendado en los tratados internacionales, que no seremos cómplices de la transgresión y la persecución.
Por tanto, advertimos que el Gobierno de Arce con la provocación y la venganza en contra de los profesionales y los trabajadores de salud podría profundizar la crisis sanitaria y provocar una tragedia nacional, que será de entera responsabilidad del MAS.
Dr. Henry Omar Montero Mendoza, Senador por Santa Cruz
Fuente: eju.tv