Informe en relación de la situación legal de los aprehendidos y detenidos dentro del caso ‘gases lacrimógenos’.
Fuente: Que no me pierda, Red Uno
Murillo «vendió» a la presidenta Áñez y a su gabinete la situación de necesidad extrema de la Policía Boliviana a tal punto que antes que salga el segundo decreto, durante la vigencia del primer decreto, pidió a las FF.AA. un vuelo especial de Bolivia a Ecuador, con el argumento de que ese país le prestaría equipos y gases lacrimógenos para suplir la necesidad de la Policía, comentó el abogado Gary Prado Araúz, defensor de dos exfuncionarios involucrados en el caso.
Aseveró que el entonces ministro Murillo presionaba al ministerio de Defensa para que se haga la compra, señalando que «no había gases ni para contener a las barras de fútbol».
El pasado domingo, fueron enviados con detención preventiva el exdirector general de logística del Ministerio de Defensa, Pedro Rea S. y el exdirector General de Asuntos Jurídicos de la mencionada cartera de Estado, Raúl López González. Los detenidos son investigados y acusados por los delitos de incumplimiento de deber y conducta antieconómica.
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El abogado Gary Prado Araúz que ejerce la defensa de los exfuncionarios, informó que aún no han sido trasladados a la cárcel por el descanso del Juzgado de turno. Con relación al proceso, Prado mencionó que quien se contactó con la empresa Tactical Solutions fue Rodrigo Méndez, tras la posesión de Arturo Murillo como ministro de Gobierno. Este hecho se originó a raíz de la anulación del proceso de contratación de compra de gases lacrimógenos, por parte del exministro y Murillo decide hacer su propia negociación.
«Rodrigo Méndez solicitó una cotización, pero por debajo ya se estaba tramando una compra con sobreprecio con el dinero que se iba a beneficiar a un grupo de ciudadanos», dijo Prado, asimismo indicó que la investigación que realizó la Fiscalía a raíz de la denuncia de un periodista y de parlamentarios del MAS de la anterior gestión, avanzó muy poco, «imputó a López y a Murillo, pero no avanzó más».
Explicó que la Fiscalia citó a Pedro Rea S. en calidad de testigo, él prestó su declaración y después lo dejaron en libertad y en el caso del señor López, lo citaron en un domicilio que ya no era de su propiedad.
Tras darse a conocer la investigación de EEUU, el Ministerio Público, comenzó a citar y a allanar domicilios, entre ellos a estos dos ciudadanos. El momento del allanamiento, la Fiscalía comete un error, ya que allanó el bufete del exministro Walker San Miguel, quien habría comprado la casa de López y le secuestran toda su documentación.
El jurista indicó que los dos detenidos se presentaron de manera voluntaria, ya que tienen interés de colaborar con la justicia, sin embargo, ya tenían una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía.
Dijo que hay dos partes en este caso de los gases lacrimógenos. La primera se refiere a la investigación de la Fiscalía sobre el contrato y el procedimiento de compra y en la están «forzando figuras», para endilgar delitos a sus defendidos. La otra es la investigación de EEUU que develó la corrupción del exministro Murillo, sus allegados y los empresarios involucrados en la operación.