El Ministro de Gobierno no declaró en el acto por el 195 aniversario de la institución, que se realizó sin ascensos a generales y en medio de duras críticas.
Carlos Quisbert / La Paz
En el acto por el 195 aniversario de la Policía Boliviana, su comandante general, coronel Jhonny Aguilera, anunció que esta institución está “sometida al imperio de la ley” y que obedecerá las órdenes que provengan del Poder Ejecutivo. Por su lado, el presidente Luis Arce exigió “fidelidad” al Gobierno y señaló a “algunos” uniformados como los responsables del motín de 2019.
Consultado sobre las denuncias de que la “ley general de ascensos de generales de la Policía” sería un instrumento para someter por completo a su institución ante el Gobierno de turno, Aguilera respondió: “La Policía está sometida al imperio de la ley, nosotros cumplimos órdenes que provienen del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si una norma está acorde al derecho, debe ser cumplida”.
Dijo además que tiene “toda la esperanza” de que la nueva norma sea beneficiosa para la Policía y confirmó que, de ser aprobada en el Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, su gestión será de al menos dos años, al igual que la de los otros tres tipos de generales que se crearán con la citada ley de ascensos.
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En su discurso, con insistentes mensajes sobre la subordinación, el presidente Arce recordó que una encuesta realizada entre abril y mayo concluyó que el 60% de los consultados respondieron que tienen una imagen negativa de la Policía, lo que consideró que es “culpa de algunos policías” que participaron en el motín policial de 2019.
Dijo que la participación de estos uniformados en el denominado “golpe de Estado” debe llevar a profundas transformaciones. Luego hizo énfasis en la obediencia que la Policía debe tener al poder político y remarcó que los efectivos no tienen autorización para deliberar ni participar en acciones político-partidarias.
“Por lo tanto, los principios rectores de esta institución, como lo hemos señalando, deben ser el amor a nuestra patria, el servicio al pueblo boliviano, la honestidad, la disciplina, el respeto a la institución y a la democracia, así como la fidelidad al Gobierno constitucional democrática y legalmente constituido”, exigió el jefe de Estado.
Minutos antes del inicio del acto de honor que se realizó en el patio de la Academia Nacional de Policías (Anapol), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posesionó al nuevo viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, en lugar de Emilio Rodas. Las autoridades se negaron a dar explicaciones sobre el repentino cambio y el ministro tampoco pronunció un discurso en la ceremonia. Se retiró por la puerta trasera de la Academia, como la mayoría de sus colegas, para evitar a los periodistas.
Desde diciembre de 2020, Del Castillo anunció en diferentes oportunidades que “en las siguientes semanas” se aprobarán los ascensos a generales y la Órden General de Destinos. En su última declaración, sostuvo que esto se cumpliría antes del 24 de junio, fecha oficial del aniversario de la Policía, pero tampoco sucedió. Anunció que la aprobación de la nueva ley será “el regalo esperado” por los uniformados, pero tampoco se dio.
Al margen de los ascensos, al interior de la Policía existen advertencias sobre un manoseo y destrucción de la institucionalidad de la Policía, debido a que la nueva ley prevé que el Ministro de Gobierno será parte del Alto Mando Policial, por sobre la autoridad del Comandante y sus 35 años de formación.
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Asimismo, las denuncias de extorsiones por los cambios de destinos se hacen más frecuentes entre los subalternos, que además sostienen que el alejamiento de los suboficiales y sargentos de sus ciudades de origen se debe a una represalia por la persecución que el ministro Del Castillo y sus asesores iniciaron contra ellos por su participación en el motín policial.
Sobre la nueva ley de la carrera para generales, Aguilera manifestó que este proyecto tiene el fin de evitar las pugnas internas y las denuncias que se dan entre coroneles que aspiran al máximo grado. En su caso, en mayo se reveló un informe de la Interpol que señala que en 2019 el narco Einar Lima Lobo le pagó 35.000 dólares para evitar su captura y posterior extradición a Brasil.
En el caso del inspector general, Alexander Rojas, fue visto realizando tareas de escolta en el recibimiento a Evo Morales en 2020 en Cochabamba y su hermano, un expolicía, fue aprehendido en Colombia en marzo, como parte del grupo del narco Jorge Roca Suárez, conocido como Techo de Paja. Ni la Fiscalía Policial ni otra instancia investigaron los hechos.