La Constitución Política del Estado en su Artículo 225 indica que “El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera”, asimismo dispone que “El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía”, lastimosamente ninguno de estos principios se cumplen, sobre todo el referido a la autonomía y legalidad, yo le añadiría que tampoco se cumple el de independencia e imparcialidad, probidad y un carácter apolítico sobre todo.
Como recordará el ciudadano de a pie, fue la Asamblea Legislativa Plurinacional, por mandato del Parágrafo I del Artículo 227 de la Norma Suprema quien seleccionó el año 2018 al Fiscal General del Estado, eligiendo a Juan Lanchipa Ponce, esa selección fue realizada por la mayoría masista que por entonces tenía los dos tercios, en una segunda ronda de votación logrando alcanzar 116 votos. La misma fue criticada por la oposición de ese entonces dando a conocer que Lanchipa era afín al partido de Gobierno, no olvidemos que fue Director de la Dirección Estratégica de Reinvidicación Maritima (DIREMAR) y fue posesionado por David Choquehuanca, actual Vicepresidente del país, con la tarea de que Bolivia tenga un acceso al mar, sin embargo, todos lo recordamos por su triste papel en las gestiones realizadas, ya que la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar y traigo a colación esta situación para que los bolivianos no se olviden de quienes en su momento se hicieron ver como salvadores de la causa marítima, incluido el hoy Fiscal General, pero que solo jugaron con los sentimientos patrióticos de todos los bolivianos.
A partir de ello, el pueblo boliviano observa que Lanchipa se ha convertido en un camaleón, como dice la canción, “cambia de color según la ocasión” o en este caso según el gobierno de turno, cuando estaba de Presidenta Transitoria del Estado, la Sra. Añez, el Fiscal General se comedía y diligentemente apresó y encarceló a quienes cometieron el fraude electoral del año 2019, imputándolos por varios delitos, lo que le dio una imagen de transparencia ante la opinión pública, pero que en otros casos no prosperaron tal es el caso del proceso iniciado contra el ex presidente Morales por el caso terrorismo y otros, demostrando una parcialidad con aquellos que lo eligieron para ejercer esa función pública.
Poco tiempo después de acceder al gobierno nuevamente el Movimiento al Socialismo con Luis Arce Catacora el año 2020, el Ministerio Público se dio a la tarea de realizar el sobreseimiento de todas aquellas personas que cometieron el fraude electoral el año 2019 y que en primera instancia fueron acusados por estos delitos, archivando los procesos iniciados, así como de casos como el iniciado contra el expresidente Morales, que como todos sabemos instruyó el bloqueo “..para que no entre comida a las ciudades..”. En cambio, procedió a perseguir y encarcelar a las ex autoridades del gobierno transitorio, la primera fue la Sra Añez y dos de sus exministros de Estado, imputándolos por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Genera extrañeza que durante un año del gobierno de la ex presidenta, éste “de oficio o no” nunca inició un proceso judicial por esos delitos a la mencionada ex mandataria, estando en funciones como Fiscal ese tiempo, tampoco dijo que existió un “Golpe de Estado”.
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Pero no conforme con ello, el Ministerio Público se dio diligentemente a la tarea de perseguir e imputar a ex generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, por supuestamente haber participado de un inexistente Golpe de Estado, pero deja de lado las investigaciones de aquellas personas que son afines al partido de gobierno, lo que demuestra un claro mensaje de parcialización.
Llama la atención que sea el Fiscal General quién ignore el conjunto de normas que fueron sancionadas por la Anterior Asamblea Legislativa Plurinacional de mayoría masista y promulgadas por la ex presidenta Añez, tales como Ley No.1270 de fecha 20/01/2020 “Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas” refrendada por el Tribunal Constitucional Plurinacional No.0001/2020 de fecha 15/01/2020, que textualmente en su Artículo 1 indica “La presente Ley tiene por objeto excepcionalmente prorrogar el período de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas, para restablecer la normalidad constitucional” y otras muy importantes como la Ley No.1297 de fecha 30/04/2020 y la Ley No.1315 de fecha 13/08/2020 que establece la fecha de elecciones nacionales del año 2020, lo que genera duda razonable respecto del carácter y tipos penales aplicados para el juzgamiento de la Sra. Añez y de las exautoridades de gobierno.
La parcialización va más allá, de manera arbitraria y abusiva, cierra el caso del Fraude Electoral del año 2019, sujeto a un informe encargado a medida por el Ministerio Público a la Universidad de Salamanca de España, convirtiéndose en juez y parte en este proceso, pero además desconociendo intencionalmente el informe elaborado por la Organización de Estado Americanos (OEA) que tenía carácter vinculante, solicitado además por el ex presidente Morales, suscrito por el ex Canciller, Diego Pary y que concluía que había “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” respecto de los resultados de dicha elección, lo que queda claro es que, con sus acciones, pretende lavar la imagen de Morales, pero queda mal ante la sociedad.
Esta situación genera el repudio y hastió de la población boliviana hacia el Ministerio Público, que ve reflejado en Lanchipa y sus fiscales, el clientelismo y el acomodo político, por el hecho de que las leyes se utilicen de manera discrecional y en función del interés del partido de turno. Sin embargo, existen normas que en un Estado de Derecho se podrán aplicar en el futuro para sancionar estas conductas, tal es el caso de la Ley No. 044 de fecha 08/10/2010 “Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público” que en sus Parágrafos I y II del Artículo 2 y Artículo 22 respectivamente, indican que el Fiscal General pueda ser juzgado por delitos cometidos en el ejercicio específico de sus funciones.
Finalmente, considero que el país necesita de instituciones independientes que actúen en el marco y observancia de la Constitución Política del Estado y de las Leyes, no al servicio de un partido de gobierno sea cual fuere éste, esa es la forma de construir una sana democracia y un país con fortaleza jurídica. La justicia no debe servir a los gobernantes como un instrumento de opresión para aquellos que piensan diferente, ya lo dijo Voltaire “una justicia llevada demasiado lejos puede transformarse en injusticia”, bolivianos, no perdamos la esperanza de volver a un Estado de Derecho en el futuro.
Dr. Henry Omar Montero Mendoza – Senador por Santa Cruz