“Las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y confirman que se emplearon recursos y materiales públicos para estos en distintas localidades. Se advierte además que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro (Víctor Hugo Vásquez), para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla”, dice el documento.

Quien es señalado como uno de los involucrados por los hechos de Vila Vila negó en noviembre de 2020 que la versión de que las universitarias fueron abusadas sexualmente, por lo que aseveró qe no es “delincuente, sino un perseguido político”.

Asimismo, demandó que la Fiscalía investigue la quema de su casa durante los conflictos de 2019.

Seis casos fueron cerrados y a continuación se detallan en el informe del GIEI

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El primer proceso fue iniciado el 10 de noviembre de 2019 por el posible uso indebido de un vehículo oficial de la Gobernación de Oruro por dos funcionarios que transportaron varias personas y material explosivo al bloqueo en Vila Vila.

La investigación se amplió al exgobernador y a 11 funcionarios, pero el caso fue sobreseído el 10 de diciembre de 2020, “bajo el argumento de insuficientes elementos de prueba”.

“Se advierte que a pesar de que en el expediente existen informaciones respecto de violaciones graves en contra de los integrantes de la caravana, no consta que se hayan ordenado diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en que estas se produjeron”.

En el segundo proceso, se investigó la participación de trabajadores y vehículos de la Cooperativa de Teléfonos de Oruro en los bloqueos y en las agresiones a integrantes de la caravana.

La denuncia fue rechazada el 22 de diciembre de 2019 por falta de elementos, pero dispuso su reapertura el 31 de enero de 2020.

El 16 de abril de 2021, el caso fue sobreseído.

Un tercer proceso se inició de oficio el 9 de noviembre de 2019 por el Ministerio Público de Caracollo para investigar los delitos de tentativa de homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves.

En febrero y junio de 2020 se amplió la investigación al exgobernador y otras seis personas.

“La investigación, sin embargo, fue fragmentada y es superficial”, señala el documento del GIEI.

El 18 de noviembre de 2020, la Fiscalía presentó un requerimiento de rechazo de la denuncia.

El cuarto proceso se inició con base en una denuncia presentada por un integrante de la caravana que fue tomado como rehén y que también habría sido torturado.

La denuncia se presentó en la Fiscalía de Potosí, a la misma se sumaron otras cinco víctimas, pero en marzo de 2020 el juez de instrucción declinó competencia y remitió el cuaderno de investigación al Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1 de Caracollo.

La investigación fue reanudada en octubre de 2020, pero no se efectuaron diligencias y la causa se rechazó.

Otro expediente se inició de oficio por el informe policial que identificó impactos de proyectiles en un vehículo de la Policía que participó en los enfrentamientos en Caracollo.

No se efectuó ninguna investigación y se emitió una resolución de rechazo en diciembre de 2020.

El último proceso se inició por la quema y saqueo en la estación policial de Caracollo. La Fiscalía emitió una imputación formal en la que señala que aproximadamente 50 personas afines al MAS habían sido identificadas en las cercanías de la Jefatura Provincial de la Policía el día de los hechos. Sin embargo, se emitió una resolución de rechazo.

“La violencia en Vila Vila y Caracollo fue grave y se perpetraron serias violaciones de los derechos humanos, por lo que el Estado debe agotar todas las líneas relevantes de investigación y garantizar que estos hechos no queden impunes”, dice el GIEI.

El ataque a la caravana

Respecto al ataque a la caravana de mineros, el 10 de noviembre de 2019, la Fiscalía inició de oficio una investigación y conformó una comisión de fiscales, según el documento del GIEI.

EL 11 de noviembre de 2019, la Fiscalía imputó a cuatro personas como presuntos autores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones gravísimas, porte o portación y uso de armas no convencionales. El 15 de julio de 2020, emitió acusación en contra de dos de ellos y sobreseyó al resto de los imputados.

“El GIEI estima que la investigación no ha agotado las posibilidades de esclarecimiento de los hechos. Se aprecia la completa ausencia de pruebas técnicas esenciales de balística. Las pruebas sobre la presencia de decenas o centenas de personas en el grupo que atacó la caravana no fueron exploradas, ni se solicitaron informes sobre el operativo militar en la zona y sus respectivos hallazgos. La responsabilidad de dirigentes políticos y autoridades por el apoyo logístico y eventual participación en la planificación del ataque fue ignorada. La investigación tampoco examina la gama de delitos que fueron perpetrados», concluye el informe.